El Gobierno aragonés aprobará y enviará en los próximos días a las Cortes cuatro futuras leyes que pretende tramitar por la vía de urgencia. El proyecto más significativo plantea modificar la ley de medidas urgentes de la Política de Vivienda Protegida, aprobada en diciembre del pasado año. Los otros tres restantes retocan diversas normas de los departamentos de Presidencia, Agricultura y Medio Ambiente.

Este tipo de proyectos, de escasa complejidad técnica, solían incorporarse hasta ahora a la ley de acompañamiento del presupuesto, que se convertía así en un cajón de sastre . En esta ocasión, sin embargo, el Gobierno aragonés ha preferido sacarlas de la ley de acompañamiento, --que también será tramitada de forma urgente--. De esta forma, las llevará a la Cámara por separado.

En materia de VPO, el Ejecutivo retoca varios preceptos de la actual ley que se refieren al derecho de retracto y tanteo de la Administración, a la agilización del procedimiento para enajenar pequeñas pastillas de terreno para uso residencial y a la coordinación de las administraciones en la gestión del registro de VPO. También se endurece el régimen sancionador para todos aquellos adjudicatarios de terrenos para VPO que congelen el desarrollo de esos suelos.

La ley elaborada por Medio Ambiente prepara el terreno para asumir la gestión de los Parques Nacionales tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que otorga la competencia a las comunidades autónomas en perjuicio del Estado. En este proyecto de ley también se crea la anunciada red natural de Aragón y se establecen mecanismos de protección de árboles y humedales singulares. En materia de residuos, se regulan mejor los mecanismo de colaboración entre la DGA y las corporaciones locales. Y en la misma norma se modifica la ley de Caza para endurecer las multas de los cazadores furtivos, que pueden ser castigados hasta con 60.100 euros. Los dos proyectos de ley restantes se refieren a los regadíos sociales y a la Ciudad del Motor de Alcañiz. En ambos casos, se facilitan los trámites para la expropiación forzosa de los terrenos.