Ni una semana ha tardado la Consejería de Educación en atajar la polémica anual de los alumnos de los colegios concertados que no pueden estudiar Primaria en el mismo centro que cursaron Infantil. El departamento de Eva Almunia ha decidido ampliar el número de plazas en algunas aulas para que 26 niños no tengan que cambiar de colegio. De esta forma, la consejería adelanta una decisión que otros años se ha tomado en septiembre, y así evita la angustia y las manifestaciones de los padres. Sólo ocho alumnos de Escuelas Pías no podrán seguir en el centro, ya que ni siquiera pertenecen a la misma zona educativa.
Según fuentes sindicales, esta medida beneficiará a seis alumnos de Salesianos, a cinco de Moncayo-San Valero, a cinco de Teresiano del Pilar, a tres de Padre Enrique de Ossó, a tres de Escuelas Pías, a dos de La Concepción, a uno de Rosa Molas y a uno de Villa Cruz. Sin embargo, esta excepción no se hace con los ocho niños de Escuelas Pías cuyo domicilio o trabajo de los padres no se encuentra en la zona a la que pertenece este colegio.
Hay que recordar que este polémico paso a Primaria se origina porque hasta el año 2002 el Gobierno de Aragón no financiaba Educación Infantil (niños de tres a cinco años), por lo que los colegios concertados podían seleccionar a sus alumnos según sus propios criterios. Sin embargo, al acceder a Primaria (un ciclo concertado con la Administración), los estudiantes debían pasar el proceso de admisión de la DGA.
EL FIN DE UN PROBLEMA La mayor parte de ellos podían continuar en el mismo centro porque la normativa les daba preferencia, aunque puntualmente se producían situaciones polémicas porque existían menos plazas en Primaria que en Infantil. El problema se agravó con un nuevo decreto de escolarización de la DGA que obstaculizó la continuidad en estos colegios, pero finalizará este mismo curso, porque a partir del 2004-2005 se habrá completado la financiación de los tres cursos de Infantil y habrá un único proceso de admisión a los tres años con los criterios de la Administración.
El sindicato STEA criticó esta medida de la DGA. A su juicio, debe ser la comisión de escolarización, formada por los agentes educativos y sociales y por la Administración, la que proponga posibles soluciones a Educación, y no al revés. La consejería no replicó y se remitió a la rueda de prensa que ha convocado para hoy (el mismo día que se hacen públicas las listas definitivas de admitidos), en la que hará su balance de este proceso de escolarización.
