La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo (Ceaqua) reclamó ayer a los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón que se pongan de acuerdo para emitir una declaración institucional que vaya más allá de la condena del franquismo y condenen "la impunidad del régimen".

El abogado de la plataforma argentina, Carlos Slepoy, acompañado por una de las víctimas personadas en la causa, Chato Galante, denunciaron que todavía hay 140.000 desaparecidos "en las fosas y las cunetas". La reclamación quiere "poner fin a una ignominia enorme" y para avanzar en la "restitución" solicitan la implicación directa de los ayuntamientos aragoneses de forma que inicien querellas locales en las que se defienda "a los vecinos que han sufrido los abusos del régimen". Unas horas después se reunieron con el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, con la intención de lograr un apoyo firme de la institución. Las denuncias locales estarían amparadas por la documentación que se encuentra en los municipios y el trabajo de las asociaciones memorialísticas.

Uno de los aspectos más destacados para la comunidad aragonesa de la querella iniciada en Argentina es la solicitud de extradición de José María Torres, destinado entre 1970 y 1976 en Zaragoza y que llegó a ser comisario general de información. Según Galante (quien estuvo preso en la cárcel de Torrero de Zaragoza durante seis meses), Martínez Torres es un "torturador" que en el 2013 fue nombrado comisario honorario de la Policía, y con este tipo de prácticas es con lo que quieren acabar.

JUSTICIA UNIVERSAL La base de la querella argentina se plantó con la causa abierta por el juez Garzón contra Augusto Pinochet y su dictadura. "España es una referencia en todo el mundo en la aplicación de la justicia universal --recordó Slepoy-- y mucha gente se pregunta que ahora no sea capaz de actuar en defensa de sus propios ciudadanos".

Los querellantes también quisieron destacar los avances que se han logrado en los últimos años en aspectos como en los reconocimientos públicos y la presencia social. "El recuerdo prácticamente permanente de las víctimas que vivimos a día de hoy era impensable hace solo cinco años", afirmó Galante.

La respuesta de los grupos fue receptiva en todos los casos, con los matices habituales de PAR y PP ante la posibilidad de "reabrir viejas heridas". La sorpresa llegó cuando el portavoz de Ciudadanos, Ramiro Domínguez, tomó la iniciativa al afirmar que su grupo trasladará la propuesta a sus alcaldes para que en los ayuntamientos en los que participan se estudie la propuesta de Ceaqua. "Los 8.523 asesinados del franquismo merecen reparación y una investigación", afirmó. La respuesta contrasta con las decisiones del partido en relación a la retirada de placas franquistas, com ha sucedido en Calatayud.

El portavoz de CHA, Gregorio Briz, propuso el desarrollo de una Ley de Memoria Histórica en Aragón. El diputado Román Sierra, de Podemos, afirmó que es "inadmisible" que la Audiencia Nacional se niegue "a extraditar a torturadores" y la portavoz del PSOE, Begoña Nasarre, reconoció igualmente que la querella argentina "es una reivindicación de dignidad".