El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el reglamento para la aplicación de la ley de Víctimas del Terrorismo de Aragón, lo que hará posible que puedan solicitar las indemnizaciones a finales de año.
El consejero de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro, ha recordado que la ley se aprobó en 2008, que se modificó el año pasado a través de la ley de medidas fiscales para ampliar el reconocimiento a todos aquellos afectados por actos terroristas desde el 1 de enero de 1960 y que hoy se aprueba el reglamento tras un proceso de participación de la mayoría de las asociaciones de víctimas de España.
Así, todas las víctimas que tengan algún vínculo con Aragón -que hayan sufrido un atentado en la Comunidad o sean aragoneses de pleno derecho, es decir, 167 víctimas- podrán pedir a finales de este año las indemnizaciones por los daños personales sufridos desde el 1 de enero de 1960.
Estas ayudas servirán de complemento a las concedidas por la Administración General del Estado, en concreto, la cantidad con la que indemnice el Gobierno de Aragón se fija en un 30 por ciento de lo recibido por el Estado (en 2,4 millones de euros).
El reglamento establece también indemnizaciones por daños materiales en viviendas, establecimientos, sedes de partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales y vehículos.
Además, regula las ayudas que habría para el conjunto de fundaciones y asociaciones de víctimas del terrorismo.
"Todos los aragoneses y todos los españoles tenemos un compromiso y una deuda con ellos" y las instituciones, poco a poco, las están saldando "aunque el daño, en muchas ocasiones o en casi todas, es irreparable", ha dicho Bermúdez de Castro.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha acordado llevar a cabo acciones judiciales para reclamar la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo de 2009 que condenó a la empresa química Inquinosa a indemnizar con casi 6,5 millones de euros al Gobierno de Aragón por el vertido incontrolado de residuos de lindano en Sabiñánigo (Huesca) entre los años 1975 y 1989.
Bermúdez de Castro ha destacado lo que supone para el municipio la existencia de unos suelos "altamente tóxicos y perjudiciales para el medio ambiente" y lo que está costando recuperarlos, ya que es el vertedero incontrolado de residuos tóxicos más grande y peligroso del sur de Europa.
El consejero ha destacado que el Gobierno pedirá por tanto que se ejecute la sentencia y que la empresa aporte este cantidad, que se destinará a la recuperación medioambiental de los terrenos.
El Tribunal Supremo condenó en 2009 a Industrias Químicas del Noroeste (Inquinosa) al pago de la indemnización solidaria por daños y perjuicios por valor 4,6 millones y 1,8 millones en concepto de responsabilidad civil.
