Eel abogado José Angel Roy, juzgado en la Audiencia de Zaragoza por la presunta apropiación de parte de la fortuna del empresario José Pablo García, Pepito el Soguero , quien legó su herencia al Ayuntamiento de Calatayud, tenía otorgados poderes para revocar donaciones. "Sin embargo, el ayuntamiento recibió más de 350 millones de pesetas y sólo supo de la herencia por parte del acusado", explicó ayer Leandro Ubieto, abogado de la defensa.
En la última sesión del juicio, que quedó visto para sentencia, el letrado estimó que a lo largo de las sesiones se ha justificado documentalmente y por testigos los gastos realizados de la fortuna del empresario fallecido, "que además fueron aprobados por éste antes de morir, sin que se haya podido demostrar que sufriera demencia senil ni que estuviera incapacitado".
El fiscal modificó sus conclusiones y retiró la acusación de falsedad en documentos, por la que pedía cinco años de cárcel, pero mantuvo la de apropiación indebida por la que solicita seis años. En su opinión, el abogado Roy se sirvió del deterioro físico y mental del fallecido para operar con su dinero. Fijó la responsabilidad civil del acusado en 420.000 euros.
Fernando Lacruz, abogado de la acusación que evalúa la cantidad defraudada en 719.00 euros, calificó los hechos como delitos de estafa y falsedad, por los que pidió penas de ocho años de prisión.
En su opinión, el acusado "urdió una maquinación para apropiarse de parte de la fortuna de su cliente, que no regía desde junio de 1997". Lacruz estimó que las facturas presentadas para justificar los gastos "no se corresponden con pagos reales" y sólo se han confeccionado para exculpar al procesado.
