El juicio por la supuesta comisión de un delito de prevaricación urbanística en el paraje de La Herradura, donde el Ayuntamiento de Caspe autorizó en el 2008 la construcción de una central hortofrutícola, quedó ayer visto para sentencia tras un juicio que ha durado cuatro días.
Los informes de las partes mantuvieron las conclusiones iniciales. En el caso de la defensa (ejercida por Carlos de Francia, Valentín Romero, José Antonio Sanz, María Asunción Perea y Francisco Miguel Tobeñas), todos los letrados solicitaron la absolución de los acusados: la exalcaldesa socialista de Caspe María Teresa Francín, dos exconcejales de su equipo, la secretaria de la corporación y el arquitecto municipal Carlos Miret.
El fiscal solicitó, al igual que al comienzo de la vista, ocho años de inhabilitación y una indemnización que permita demoler la central hortofrutícola que, según sus conclusiones, se levantó ilegalmente en suelo no urbanizable especialmente protegido. Por su parte, el acusador particular Antonio Valls Pou, que intervino en nombre de la Asociación Cultural Compromiso por Caspe, pidió 10 años de inhabilitación y dos de cárcel para los imputados al considerar que el plan de urbanismo vigente en la época prohibía determinadas edificaciones.
En su declaración ante la titular del Juzgado de lo Penal número 7 de Zaragoza, Carlos Miret aseguró que la central hortofrutícola, de 1.100 metros cuadrados, se construyó «fuera de La Herradura», mientras que el resto de miembros de la corporación señalaron que ellos se limitaron a aprobar la licencia de obras y de actividad debido a que los informes técnicos eran favorables.
DOS VERSIONES / Los socios de la empresa agrícola, denominada La Herradura, SL, manifestaron que desconocían que la planta hortofrutícola estuviera en terreno protegido. Pero otros testigos, entre ellos el exalcalde Sagarra de Moor, que pertenece a Compromiso por Caspe, aseguró que era «notorio» y «sabido por todo el mundo» en la localidad que el paraje de La Herradura, situado en un meandro del Ebro, era un lugar protegido por sus valores paisajísticos, ecológicos y culturales, dado que alberga un yacimiento arqueológico. Los peritos discreparon asimismo sobre la calificación de los terrenos. Unos dijeron que estaban protegidos y otros sostuvieron que tenían carácter genérico.
