La judicialización de la escolarización por la supresión de conciertos y la mayor manifestación de la historia de este sector marcan un curso en el que la jornada continua se ha extendido y los nuevos colegios retrasarán su puesta en marcha por la demora en la aprobación de los presupuestos

Más de 20.000 personas salieron a la calle, el pasado 4 de abril, para mostrar su rechazo a la no renovación de conciertos incluida en el acuerdo entre PSOE y Podemos para rubricar los presupuestos de la comunidad. Fue la movilización más numerosa de la historia del sector en Aragón. Exigían el mantenimiento de las aulas concertadas en la comunidad en el proceso de renovación que se resolvería el mes siguiente y cargaban contra la «politización» de la enseñanza. Se abría una brecha que llegó a los tribunales. Y ahí sigue.

Los colegios afectados por la reducción de la oferta de plazas, primero, y por la reducción de conciertos, después, recurrieron a la Justicia, que no tardó en conceder la suspensión cautelar de la primera orden dada por Educación y, con ella, permitió a todos los centros que habían recurrido seguir ofertando la misma cantidad de plazas y devolvió a las listas de admitidos a cerca de 90 alumnos que se habían quedado fuera con la decisión de la Administración.

La consejera, Mayte Pérez, cargó contra las sentencias judiciales. «Deslegitiman la autonomía y competencia del Gobierno en defensa del interés general y de una planificación educativa que es lógica. Estas medidas cautelares están sumiendo a la Administración y al propio Gobierno en un estado de indefensión absoluta», llegó a afirmar. Sus palabras no tardaron en obtener respuesta del TSJA, que recordó a Pérez que su criterio es

«jurídico y no ideológico».

Otras batallas

Con el asunto, pues, en los tribunales, el conflicto con la concertada -a la que se obliga ahora a firmar una declaración jurada en la que se comprometen a reservar plazas para alumnos con necesidades especiales y a no cobrar cuotas a las familias- supone, sin duda, el punto más problemático de un curso que, hasta entonces, transcurría tranquilo para un departamento que mantenía la misma dosis de ingente actividad que en su primer año. Aragón se mantenía como firme adalid en la lucha contra la LOMCE y conseguía, junto con el resto de las comunidades, que las reválidas no se celebraran. En su lugar, se ha celebrado una muestra diagnóstica en alumnos de 6º de Primaria y de 4º de ESO sin valor académico. Objetivo cumplido.

El curso también ha confirmado el avance de Aragón en batallas como la lucha contra el acoso escolar o el impulso a las infraestructuras educativas. «Se ha desbloqueado el plan de infraestructuras educativas. Se han construido y ampliado una decena de centros en zonas de expansión y se trabaja en la construcción, licitación y proyección de 17 centros educativos», exponen desde el departamento. La zona sur de Zaragoza, tradicional foco de conflicto en la escolarización debido a la falta de plazas escolares, parece abocada a una solución definitiva. De momento, y por primera vez, todos los niños de la zona han sido escolarizados en su barrio, según asegura el departamento.

Pero, de momento, los colegios nuevos que iban a estrenarse en septiembre -Parque Venecia, Arcosur o Valdespartera 3-, llegarán con retraso. La demora en la aprobación de los presupuestos aboca a las familias a seguir esperando, al menos, hasta Navidad. Mientras, los niños inscritos estarán en otro centro hasta que el suyo esté listo.

Innovación al poder

Además, Educación presume de haber batido el récord histórico de matrícula en FP en Aragón con más de 23.000 alumnos debido a la supresión de las tasas en grado superior y al aumento del catálogo de títulos (el próximo curso habrá 13 ciclos nuevos). También de haber aumentado en 900 efectivos la nómina de docentes en dos años, lo que supone recuperar el 90% de los profesores que el PP suprimió en la pasada legislatura. Además, se han mejorado las condiciones de los interinos. El año pasado se celebró la segunda mayor oferta de empleo (para maestros) desde la transferencia de competencias, pero no habrá oposiciones para profesores este año, ya que

Se han implantado las aulas para niños de dos años y el presupuesto para becas de comedor ha crecido un 50% y se han salvado del cierre 31 escuelas rurales en toda la legislatura. Además, la innovación sigue siendo bandera de la Administración educativa. Indispensable para optar al cambio de jornada, este ha sido el curso escolar más innovador que ha habido en Aragón. El 65% de los centros tienen un proyecto de innovación incorporado y se han creado currículos pioneros en música, deporte, robótica y digital. En total, más de 170 centros de la comunidad tendrá jornada continua el próximo curso.

Este ha sido, además, el primer curso con apertura de centros a los barrios fuera del horario lectivo para potenciar que los jóvenes hagan deporte y, por primera vez, hay instrucciones para que en los centros traten a los alumnos transexuales con el nombre de su sexo sentido.

Menos ratio, más aulas

Se han impuesto las ratios (número de alumnos por aula) más bajas de la historia, se ha ampliado la oferta en las escuelas de idiomas, se han implantado currículos de música y robótica, han aumentado las aulas con preferencia para niños autistas, se ha impuesto -también impuesto por sentencia judicial- un máximo de un 30% de alumnos con necesidades educativas especiales o el convenio firmado con los ayuntamientos de las tres capitales de provincia para detectar este tipo de alumnado antes de su escolarización.

El departamento recuerda que «se va a llegar a 3.000 acciones formativas para el profesorado, se ha creado un centro de enseñanza de lenguas para profesorado, se ha ampliado la oferta en escuelas de idiomas y se ha evitado que los alumnos del Valle de Benasque y del Maestrazgo hayan tenido que irse internos fuera a estudiar Bachillerato».

En todo caso, desde diversos colectivos -sobre todo sindicatos—se recrimina a la Administración que no ha mantenido el ritmo de mejoras de su primer año en el Gobierno. En ese sentido, Educación parece haber reculado en su objetivo de rescatar la gratuidad de libros. La propia consejera ha admitido que es una tarea pendiente y asegura que cumplirá con ese compromiso, si bien se matiza que el sistema será a base de generalizar el préstamo. Otras comunidades ya han anunciado esa recuperación. Aragón todavía no.

Tampoco se prevén facilidades para la consecución de un pacto educativo histórico para Aragón. El conflicto con la concertada amenaza el consenso en las Cortes, aunque el pacto —que ya no fue aprobado en su momento por tres sindicatos en el Consejo Escolar de Aragón— todavía no ha llegado al Parlamento. En todo caso, no parece el PP, el principal partido de la oposición, el grupo más reticente, sino Podemos.