El Consejo de Ministros aprobó ayer el decreto por el que los fallecidos en operaciones internacionales de paz y seguridad cobrarán indemnizaciones de 140.000 euros. Una iniciativa legal que prometió el actual Gobierno tras el accidente del Yak-42 y que se aplicará con efecto retroactivo a las 62 víctimas del siniestro, así como a otros 29 militares, 7 periodistas, 3 diplomáticos y 7 agentes de las Fuerzas de Seguridad. Pero además, el Ejecutivo central decidió, tras la negativa inicial del anterior Gobierno del PP, otorgar pensiones de viudedad extraordinarias a las cinco parejas de hecho que perdieron a sus compañeros sentimentales en el trágico siniestro aéreo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Defensa, José Bono, afirmó que el decreto beneficiará a militares, policías, guardias civiles, funcionarios, cooperantes, periodistas y religiosos, siempre que estén acreditados por los ministerios de Defensa o Interior. También señaló que contempla compensaciones de 390.000 euros para los casos de gran invalidez.

La decisión de extender los pagos a personas que ya han perdido la vida se debe, según explicó el ministro, a que "la sociedad tenía una deuda con ellos" y al compromiso del Gobierno con los españoles que "luchan por la paz, la libertad y la justicia". Y destacó que la deuda era, además, "urgente", dado que las compañías de seguros "habitualmente se niegan a cubrir determinadas contingencias en lugares de riesgo". "Cuando eso ocurre, el Estado no puede mirar hacia otro lado", recordó en alusión a la parte del seguro del Yak-42 que se perdió.

Sin embargo, Bono no dejó claro si con este decreto queda zanjada la responsabilidad patrimonial del Estado en el caso del Yak-42 y se limitó a decir que al Ejecutivo "le corresponde dictar el decreto".

Este es uno de los asuntos más controvertidos, ya que inicialmente el Gobierno central ofreció indemnizaciones a las familias de las víctimas del siniestro a cambio de que retiraran las denuncias penales interpuestas en la Audiencia Nacional y las reclamaciones contra la Administración. En éstas exigen unos 60 millones de euros al entender que la responsabilidad del Estado en el caso es ya evidente, tal y como admitió el propio Bono.

Y aunque algunas familias han accedido a retirar las reclamaciones patrimoniales, otras ya han mostrado su intención de seguir adelante con el proceso. En las negociaciones, los afectados dejaron bien claro que nunca renunciarían a la investigación penal del caso.

VIUDAS DE HECHO Bono también anunció ayer que el Ejecutivo ha cumplido con su promesa electoral de conceder pensiones de viudedad a las cinco parejas de hecho del Yak-42. La medida, que entrañaba problemas jurídicos, fue adoptada finalmente mediante la fórmula de una concesión extraordinaria, por lo que el ministro expresó su confianza en que "el pueblo español entienda la excepcionalidad del caso".

Una de las viudas de hecho, Ana Ochoa, mostró su satisfacción tras más de un año de lucha. "Había organizado mi boda para cuando mi marido llegara de Afganistán. Ahora se me ha reconocido como mujer de mi marido", remarcó.