La ausencia de viviendas habitables de renta baja es uno de los problemas más acuciantes a los que se enfrentan en la actualidad los municipios de la provincia de Huesca para conseguir atraer hacia sus territorios a nuevas familias interesadas en desarrollar un proyecto de vida en un núcleo rural.

Así lo ha asegurado este lunes en una comparecencia de prensa el presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia, para quien el elevado porcentaje de viviendas vacías existente en la provincia no es una solución puesto que los consistorios carecen de recursos para hacerse con casas que "o se venden caras o no se venden".

Gracia ha explicado que la Corporación altoaragonesa, de acuerdo con el Gobierno aragonés, ha iniciado un proyecto para llevar la banda ancha de internet a todos los núcleos de la provincia como herramienta esencial para facilitar el trabajo, pero ha advertido que faltan viviendas para los posibles interesados.

Por este motivo, la Diputación de Huesca ha remitido a todos los ayuntamientos de la provincia de menos de 500 habitantes una encuesta a fin de conocer la situación actual del parque de viviendas y cuántas de las 160.000 existentes están vacías o son utilizadas como segundas residencias.

El responsable institucional ha destacado que a esta situación se suma la ausencia de recursos y de competencias legislativas de las administraciones locales para poder adquirir los referidos inmuebles.

Ha alertado al tiempo de que incluso las cabeceras de comarca comienzan a perder población dado que los pueblos ubicados en su área de influencia al estar afectados asimismo por una sangría poblacional continua.

Se ha mostrado convencido, además, de que la "movilidad" se constituirá también en un elemento imprescindible a la hora de posibilitar la instalación en núcleos situados en un radio no superior a los veinte minutos de los puestos de trabajo presenciales.

En relación a la falta de recursos de los municipios, Gracia ha reivindicado una reforma legislativa que permita tanto a los ayuntamientos como a la Diputación de Huesca utilizar sus remanentes, cifrados en un total global de 106,1 millones de euros, que la normativa de techo de gasto impide usar.

"Nosotros -ha subrayado- no podemos dejar a un ayuntamiento 200.000 euros para rehabilitar una vivienda con este fin, y los municipios tampoco pueden porque romperían su techo de gasto".

Ha resaltado que a esta situación se suma el hecho de que los municipios reciben del Estado, a través de los reintegros del Ministerio de Hacienda a los ayuntamientos, la mitad de lo que perciben los grandes núcleos de población.

Así, ha comentado, mientras el año pasado la ciudad de Zaragoza cobró 338 euros por habitante, el pequeño pueblo altoaragonés de Olvena cobró 160, con el añadido de la diferencia en el número de personas censadas.

Gracia ha reivindicado que los municipios puedan participar con las instituciones encargadas de legislar sobre la despoblación al ser los mayores conocedores de la situación a la que se enfrentan y de las medidas necesarias a adoptar.

En este sentido, ha explicado que las actuales trabas administrativas a las que se enfrentan los ayuntamientos, entre otras la elaboración de sus propias planificaciones urbanas.