Vox «posiblemente» cerraría la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (Cartv) si de él dependiera, al haber presentado entre sus enmiendas a los presupuestos de la comunidad para el año que viene una por la que retiraría 50 millones de euros del presupuesto asignado al ente, casi toda la partida, de hecho; un dinero que destinaría a financiar el fondo de los municipios.

El líder de la formación ultraderechista en Aragón, Santiago Morón, tardó hasta tres turnos de preguntas de los medios, en la rueda de prensa de presentación de las enmiendas, en admitir (o casi) la intención del cierre, ya que consideran que, con la «emergencia social» que existe, la tele pública, contra la que no tienen «nada», es «un lujo que no nos podemos permitir». Con independencia de que, en un futuro, se pudiese retomar.

Las enmiendas de Vox, que afectarían a más de 63 millones del presupuesto, estarían destinadas a eliminar «gasto superfluo», en el que incluyen la tele, pero también subvenciones a sindicatos (3,9 millones menos), «políticas ideológicas» como la lingüística (0,6) o cooperación al desarrollo.

Sin embargo, sufragarían la escuela taurina o la caza (con 75.000 y 25.000 euros, respectivamente) porque lo consideran «una inversión», aclaró Morón. También destinarían 85.000 euros a ayudar a las «víctimas» de la inmersión lingüística en otras comunidades, para que puedan seguir hablando castellano, porque consideran que con la actual situación «se les llega a olvidar» hablar su lengua.

Paradójicamente, tras quedarse solos la semana pasada defendiendo la derogación de la Ley de Memoria Democrática, añaden una partida de 200.000 euros para localizar fosas y crear el banco de ADN de víctimas. Morón aclaró que quieren que el dinero «realmente llegue a los familiares», pues a su juicio se quedan en asociaciones, cuestión que también apostillan en otros asuntos como la violencia de género.

AYUDAS FAMILIARES

Antes y después de Vox presentaron sus enmiendas el resto de los grupos de la oposición. Ciudadanos, según expusieron su portavoz parlamentario, Daniel Pérez Calvo y el de Hacienda, José Luis Saz, ha presentado 220 enmiendas que supondrían mover 33,5 millones. Entre ellas, destacaron como «la más naranja» un plan de fomento de la natalidad y la conciliación, dotado con seis millones de euros, que se obtendrían reduciendo las bonificaciones actuales a las tasas del juego, que a su juicio suponen 8 millones de euros de merma tributaria.

Las líneas maestras de las enmiendas de los liberales se basan en la vertebración del territorio (con inversiones en carreteras y centros de salud o escolares), la economía (con un plan de atracción de empresas como medida estrella) o la familia, con el citado plan y un «alivio fiscal» para el impuesto de patrimonio, el ahorro. Aunque esta reducción, que dejaría la base exenta de tributar en 700.000 euros (ahora son 400.000), no tienen claro cuánta reducción supondría ni cómo la compensarían.

De hecho, los liberales aludieron al último informe de la Airef a la hora de criticar la estimación de ingresos del Gobierno de Aragón para el año que viene, pero Saz consideró que en cuanto a la recomendación del organismo de no bajar impuestos, sería cuestión del Ejecutivo.

Por parte del Partido Popular, que ha presentado 309 enmiendas por valor de 94 millones, sus prioridades serían la reactivación económica, con ayudas a autónomos y pymes, ayudas a la internacionalización y fomento de la industria de la movilidad eléctrica, la economía circular o el turismo, entre otros sectores.

Así lo destacaron los tres portavoces de área que comparecieron ayer (faltarán otros seis), con Javier Campoy por Economía, Sebastián Contín por Industria y Carmen Susín por Hacienda. Esta última lamentó que, con el déficit del 0,8% que habrá este año, y el consiguiente Plan Económico Financiero (PEF) para el siguiente, el presupuesto nacerá ya con recortes impuestos.

SIN CONTROLES

Lo que no podrán enmendar será la política de ingresos, porque el cuatripartito no presentó una ley de acompañamiento a las cuentas que lo permitiera. Algo que lamentaron tanto Susín -que lo enmarcó en la eliminación de controles que acomete el Ejecutivo- como el portavoz de IU, Álvaro Sanz.

Este presentó 86 enmiendas que supondrían modificar unos 14,6 millones de euros. Todas ellas van en la línea de fortalecer los derechos sociales y los servicios públicos, así como el cambio de modelo productivo hacia la proximidad y la sostenibilidad. Para ello, paralelamente al presupuesto, exigirán al Gobierno la firma de un documento de compromiso político de ahondar en las políticas de izquierdas.

El plazo de enmiendas termina hoy, antes de que se abra la mesa y la ponencia que las debatirá y fijará el documento que se aprobará, o no, en el pleno extraordinario del próximo 30 de diciembre. Los grupos de la oposición, en particular Ciudadanos, han confiado en que el cuatripartito no aplique el «rodillo» y desestime todas las aportaciones.