El trasvasismo y la mercantilizacón del agua volvieron a ganar presencia en la escena política auer con la celebración de un foro de debate organizado en Madrid con motivo del 40 aniversario de la conexión de cuencas Tajo-Segura. Un debate en el que Vox y Ciudadanos volvieron a dejar clara su postura claramente trasvasista, con el pretexto de la visión nacional, el PSOE y Podemos alertaron del error de planificar trasvases y embalses en un escenario futuro de carestía por el cambio climático, y el PP apostó por primar la figura del regante.
En el foro, organizado por los diarios ABC y La verdad de Murcia, intervinieron Cristina Narbona, presidenta del PSOE; Teodoro García Egea, secretario general del PP; Melisa Rodríguez, portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso; Santiago Abascal, presidente de VOX, y el aragonés Pedro Arrojo, portavoz adjunto de Podemos y candidato a concejal en los próximos comicios.
Narbona defendió el «nuevo paradigma» con el que el Gobierno socialista quiere revisar los planes hidrológicos, con afán de garantizar el suministro en épocas de carestía pero teniendo en cuenta que en un escenario de cambio climático, las aportaciones en las cabeceras de los ríos bajarán. Será necesario, a su juicio, echar manos a tecnologías complementarias como la desalación.
Más contundente fue Pedro Arrojo, que consideró que, más allá de razones medioambientales de conservación de cuencas, «hacer ahora más embalses es como regalarle un monedero a un pobre. La política de trasvases es totalmente errónea con un escenario de pérdidas del 24% de los recursos hídricos», apuntó el aragonés.
CONSENSO
Pese a sus posturas diametralmente opuestas, en teoría todos los partidos apostaron por el consenso a la hora de abordar los planes de cuenca o hidrológicos nacionales. Pero pocos mostraron alguna esperanza de alcanzar grandes acuerdos. Abascal rechazó que haya «ciudadanos de primera y de segunda» en cuestiones de abastecimiento de agua e instó a abordar un plan hidrológico que «destierre los lobis disfrazados de científicos».
Por parte de Ciudadanos, la canaria Melisa Rodríguez consideró que las desaladoras se hicieron «sin consenso» y con una tecnología que «ha dejado sobrecostes, muchas infraestructuras sin terminar y un pufo que se les quiere meter a los ayuntamientos».
La formación naranja apuesta por negociar un plan negociado «sin complejos ideológicos detrás» para «mirar al futuro sin pelearnos, porque el agua no va por ciclos electorales y la eficiencia debe ser el mantra del Pacto del Agua», subrayó Rodríguez.
El secretario general del PP, Teodoro García-Egea, advirtió ante la amenaza de reducción de aportaciones en el Tajo-Segura que su partido no lo «tolerará». Pero en cuanto a la postura general, consideró que «el agua es de todos los españoles y debe tratarse como tal», y que los regantes tienen que tener seguridades sobre el agua que les van a aportar.
Su intervención estuvo muy centrada en la figura del regante, a la que apostó por dar poder en la gestión hidrológica. Rechazó que se reduzca la superficie de riego ante el escenario de cambio climático, argumentando que «hay que desterrar el mantra de que quien planta es sospechoso de algo».
