Unas cinco horas pasaron desde que el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, afirmara que en las circunstancias actuales «quienes introducen el virus en las residencias son los trabajadores» hasta que publicó un tuit en sus redes sociales precisando que los empleados «no tienen ninguna responsabilidad» y que tienen todo su respeto, pidiendo «a los responsables de las mismas que no incurran en descuidos que pueden ser muy perjudiciales para los residentes». En ese periodo de tiempo las asociaciones profesionales del sector y los grupos de la oposición criticaron duramente las palabras del responsable del Ejecutivo autonómico. «Nuestros políticos deberían practicar la escucha activa, y lejos de recriminar, ayudarnos», aseguraron desde la Asociación Aragonesa para la Dependencia (ARADE).

Lambán explicó en una intervención para valorar el primer año de actividad del cuatripartito, que en los primeros meses de pandemia las transmisiones del covid-19 se produjeron en los traslados de los ancianos a los hospitales (o en los contactos con familiares) y que se tomaron medidas que frenaron la expansión del virus. En esta ocasión reclamó a los responsables de los centros asistenciales que estén más atentos al considerar que los «descuidos pueden ser muy perjudiciales». De esta forma aludía de forma indirecta a los casos que se han conocido a lo largo de la semana en Burbáguena (que el Gobierno de Aragón va a denunciar penalmente) y en Chimillas. En los dos casos se sospecha de que el origen del brote se encuentra en los empleados.

ENFADO DE LOS JUECES / A lo largo de esta crisis sanitaria, el Ejecutivo aragonés se ha visto obligado a rectificar sus afirmaciones en al menos dos ocasiones. Fue el propio Lambán el que en la parte más dura del confinamiento recomendó a los jueces que se pusieran a coser mascarillas tras conocer que habían aceptado la demanda de un sindicato médico por no haber sumistrado suficientes equipos de protección individual. Pocas horas después pidió disculpas por sus palabras. Con el tiempo el Gobierno de Aragón ha sido condenado en las tres provincias por incurrir en infracciones en materia de prevención.

La consejera de Sanidad hasta el 12 de mayo, Pilar Ventura, se vio obligada a dejar el cargo a pesar de admitir en más de una ocasión que se equivocó cuando afirmó que la elaboración de equipos de protección por parte de los profesionales sanitarios había sido «incluso un estímulo» para ellos al ayudar al Salud ante la carencia de materiales en la pandemia. Presentó su dimisión para dejar de ser «un estorbo» y no alargar una situación que se había hecho insostenible tras días de protestas de los sanitarios en toda la comunidad. Su sucesora fue Sira Repollés.

Por el momento, el rechazo a las palabras de Lambán sobre los empleados de las residencias han llegado desde lugares muy diferentes. El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) expresó el malestar generado entre los trabajadores sociosanitarios.

«Poner el foco de los contagios en las residencias de Aragón en los trabajadores no soluciona el problema y estigmatiza a los profesionales», asegura el sindicato, para quien el presidente autonómico elude con sus manifestaciones su propia responsabilidad en esta situación.

«INCONTINENCIA VERBAL» / La Organización Sindical de Trabajadores de Aragón (OSTA) tachó de «lamentables» las declaraciones de Lambán al considerarlas «una muestra más de la falta de autocrítica del Gobierno, eludiendo una vez más la responsabilidad del Ejecutivo durante la pandemia en las residencias».

Por su parte, el presidente del PP en Aragón, Luis María Beamonte, aludió a la «incontinencia verbal» del presidente aragonés y reprochó reprochado al dirigente autonómico el «incumplimiento» de su compromiso de aprobar un plan de rescate para las residencias así como de adoptar una estrategia para mejorar la respuesta de estos centros frente a la pandemia.

Por eso le reclamó «responsabilidad, autocrítica y realismo» a la hora de realizar análisis sobre la gestión de pandemia por parte de su gobierno, y insistió a ampliar la realización de test a los usuarios y los trabajadores de las residencias «así como a personas de sus entornos familiares y sociales». El popular también consideró necesaria una rectificación de cara a los gestores de estos centros asistenciales. H