El nuevo informe de WWF "Venenómetro 2016", un análisis del trabajo de las comunidades autónomas ante este "grave problema", revela unos malos resultados en cuanto a la lucha contra el veneno en España.

Según esta asociación, suspenden todas las regiones excepto Andalucía y solo se acercan al aprobado Aragón y Cataluña.

Además diez, Extremadura, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Galicia, Cantabria, Canarias, Madrid, País Vasco y Castilla y León, están en la categoría inferior del ránking, la de "graves carencias".

El Fondo Mundial para la Naturaleza exige a las autonomías que cumplan con sus competencias en cuanto a la aplicación de la Ley; reduzcan la alta impunidad actual y pide al Gobierno que actualice la Estrategia Nacional de lucha contra el veneno y priorice este asunto en su política ambiental.

Con este Venenómetro 2016, denuncia la "escasa" prioridad política autonómica o estatal para solucionar el "grave problema" del veneno en el medio natural, "lo que se traduce en el estancamiento detectado en aspectos clave como la investigación de los casos y la aplicación de la normativa".

La situación, añaden, es "muy preocupante" en ciertas comunidades, como Castilla-La Mancha y Extremadura, donde el veneno tiene especial gravedad debido a que albergan algunas de las principales poblaciones de las especies más afectadas, como el buitre negro, alimoche, milano real o águila imperial.

Andalucía es la mejor valorada, si bien disminuye su puntuación sensiblemente respecto a 2011, debido a la falta de aplicación de su completa normativa contra el veneno, según el informe.

Vuelve a encabezar la clasificación, continua, por su equipo humano especializado y profesional en la Estrategia Andaluza, seguida por Aragón y Cataluña, respectivamente, por sus avances en la aplicación de la Estrategia regional y por los excelentes resultados del grupo de agentes rurales especializados en Lérida.

A continuación figura un grupo intermedio "insatisfactorio", formado por Castilla-La Mancha, Baleares, Navarra y Asturias, que muestra muchas deficiencias, excepto en algunos puntos concretos donde se ha producido algún avance significativo.

Respecto a Castilla y León, señala que ocupó el segundo puesto del Venenómetro en 2011 y ahora cierra la clasificación con apenas 10 puntos, lo que se debe, principalmente, a la penalización por las tres campañas de envenenamiento con rodenticidas de 2012, 2014 y 2016.

WWF destaca como avances en la Comunidad Valenciana, Cantabria, Canarias, Cataluña, Navarra y Extremadura y la propia Castilla y León que hayan aprobado Estrategias o Planes de Acción de lucha contra el uso ilegal de cebos envenenados, que se han sumado a las que ya disponían de Estrategias (Andalucía, Castilla-La Mancha y Aragón).

"Esto -precisa-, que supone un cierto avance, se ha visto limitado porque el grado de compromiso e implicación para cumplir lo establecido en los Planes es, en general, muy reducido".