La campaña de recogida de recursos de reposición contra el Impuesto de la Contaminación de las Aguas (ICA), que recauda el Gobierno de Aragón, avanza imparable en Zaragoza. El documento tipo que la Federación de Asociaciones de Barrios (FABZ) y la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) han elaborado y difundido, y las cerca de 40 charlas informativas celebradas, han hecho que los 9.000 recursos de contribuyentes disconformes contabilizados el pasado viernes ayer sumaran «casi 14.000», un 55,5% más.

Ya nadie se atreve a hacer estimaciones sobre dónde puede estar el techo de este «malestar social creciente» que aseguran que existe. De personas que, conforme van recibiendo el recibo en sus buzones, «abarrotan las salas donde se hacen charlas informativas». No va a parar, afirman. Sus propias expectativas se están cumpliendo y están «desbordados» en la sede de la FABZ y las juntas de distrito. Allí han puesto un documento tipo para rellenarlo y presentarlo conjuntamente en remesas a enviar al Instituto Aragonés del Agua (IAA). Este ha anunciado que desestimará todos pero, aún así, aumentan cada día los que se cumplimentan.

De hecho, el próximo viernes puede darse un paso más en esta campaña. Desde otros municipios están preguntando cómo actuar, seguir los pasos de los zaragozanos. La campaña está centrada en la capital pero pronto se extenderá a otras localidades. La RAPA ya trabaja en otro documento tipo que se adapte a ellos y ampliar su radio de acción a Teruel y Huesca. Mañana se reunirá con la Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón para exportarlo «en febrero».

Mientras, siguen denunciando «irregularidades». Como las que se están dando, aseguran, con las llamadas viviendas diseminadas de barrios rurales, especialmente en Garrapinillos y Movera. Estas vierten sus aguas en una fosa séptica que vacían con su dinero pero les ha llegado un recibo «de 130 a 200 euros», cuando «ni están en la red ni pagan al ayuntamiento por el saeamiento».