Manejar las cuentas de la sociedad pública Zaragoza Alta Velocidad es, desde hace años, un deporte de riesgo. El último sobresalto, tras firmar la novación del crédito que mantenía con un pool de bancos por más de 300 millones de euros, ha llegado con el cierre del ejercicio 2016 y los 19.999.588 euros en pérdidas que ha registrado en su cuenta general. Esto ha llevado a su responsable, Luis Albesa, a urgir a todos los socios que conforman el accionariado -Ministerio de Fomento, a través de Adif y Renfe, con el 50%, y la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza, con el 25% cada uno- a abonar «en un mes» un total de 9,75 millones de euros. Una cuantía que ya el año pasado acordaron desembolsar a lo largo de todo el 2017 y que ahora deberán adelantar a este mes de junio.

El motivo por el cual reclama este pago con semejante urgencia no es otro que su imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones con facturas que han ido venciendo. «Es urgente que todos los accionistas procedan en el plazo de un mes a realizarlos con la finalidad de hacer los pagos correspondientes a los proveedores, algunos de los cuales ya han vencido y otros vencen el día 11 de junio». Así se les ha trasladado a todos ellos, que deberán maniobrar con premura.

A Adif, el que más tiene que desembolsar, le toca abonar 3.656.250 euros. Renfe Operadora, otros 1.218.750. Juntos representan el 50% de esos 9,75 millones de euros que se reclaman, la parte correspondiente al Ministerio de Fomento. Quizá será más complicado para la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza, que les vendrá una factura a cada uno de 2.437.500 euros antes de lo que tenían previsto. Aunque ambos tuvieran consignación presupuestaria para ello, ninguno esperaba hacerlo en junio.

Estas cantidades corresponden a los 13 millones de euros que los socios de ZAV se comprometieron a desembolsar en este plazo de poco más de un año para enjugar las cifras negativas de las pérdidas, esperadas pero no de esa magnitud. El año pasado se inyectaron 3,25 millones (un 25%) que ahora son insuficientes.

Este es el tema más relevante de cara a la próxima Junta General de Accionistas para la que aún no hay fecha. En ella se deberá aprobar esa cuenta general del 2016 y también otros tres expedientes. Uno de ellos, el que autoriza el pago de 57.000 euros a la empresa DLA Pipper por el asesoramiento durante la novación de los préstamos bancarios. Otro, para redactar los pliegos con los que contratar «por procedimiento negociado y sin publicidad» los servicios de auditoría para los ejercicios 2017, 2018 y 2019. El último, para ordenar al propietario de la parcela G-44/2 las cuotas de urbanización, «en efectivo o por los reductos jurídicos necesarios para el cobro».