El Ayuntamiento de Zaragoza está en proceso de revisión de algunos de los antiquísimos hábitos del cementerio de Torrero a los que urge dar una vuelta de tuerca y adaptarlas a una realidad que no se parece a la que los vio nacer. En ese contexto se enmarca la modificación de la ordenanza que los regula para actualizar los que siempre se han conocido como entierros de beneficencia y que suelen prestarse de forma gratuita a quienes acrediten no disponer de los recursos suficientes para hacer frente a los costes del último adiós en el camposanto. Se pretende dignificar más, apuntan desde el consistorio, una prestación que el año pasado se concedió a 70 personas, cifra que consolida la tendencia de los últimos cinco años.

La normativa que los regula en Zaragoza podría pasar por el pleno con el objetivo de medir hasta qué punto la clase política está dispuesta a mejorar lo que ahora se ofrece. Esto se resume en proporcionar un ataud básico sin ornamentos, recoger el cadáver, acondicionamiento higiénico, enferetramiento y transporte en vehículo funerario desde el domicilio mortuorio, o desde el Instituto de Medicina Legal (IMLA) hasta el complejo de Torrero y, una vez allí, el enterramiento.

Pero los servicios sociales municipales, que son los que acreditan esos ingresos insuficientes de la familia del fallecido, están trasladando peticiones ciudadanas tan sencillas como añadir una ceremonia funeral, sencilla pero que sirva para darle el último adiós. O dar la opción a respetar las creencias religiosas del finado y no acabar por defecto en un mero traslado hasta la fila más alta de una manzana de nichos -son los más económicos- cuando el recinto dispone de espacios donde afrontar el eterno descanso en el lugar que, con dinero, probablemente escogería. Es una cuestión de voluntad política, que ya empezó a cambiar, por ejemplo, cuando la incineración empezó a ser la unidad de enterramiento más escogida en Zaragoza.

A finales del 2017 ya se modificó esa misma ordenanza por esto, para que la inhumación, que era la opción que por defecto se daba a todos estos entierros gratuitos, abriera la puerta a la incineración y la familia pudiera elegir entre un nicho o un columbario. Pasar por el crematorio es la opción elegida por el 60% de los fallecimientos que registra el camposanto, ¿por qué no dar la misma opción a estos casos?

Esta lleva más de un año aprobada pero en el 2018 se estuvo funcionando como en el pasado porque no había una partida específica para estos servicios gratuitos que, para el 2019, ya figura en el presupuesto con 110.000 euros. Y se sacó un contrato menor para la recta final del ejercicio, que permitió abrir la puerta a un servicio de incineración que no se podía dar con la genérica. Ahora se están elaborando nuevos pliegos para otra licitación y toca decidir cuánta más dignidad está dispuesto a darle el consistorio a estos casos.

Aunque con todos los parámetros en la mano, porque en lo económico el incremento del coste parece asumible por las arcas municipales. Fuentes del área municipal explicaron a este diario que una inhumación hoy puede rondar «unos 300 euros» y una incineración, «en torno a 400».

Ya que se abre el debate de la ordenanza, se tocará otro dilema por resolver: qué hacer con los que no son residentes. La norma actual circunscribe estos servicios gratuitos solo a los que acrediten su residencia. Pero la realidad en Zaragoza es más compleja. A las puertas del consistorio llaman cada año, por ejemplo, familias que han perdido a un ser querido que, por ejemplo, estaba ingresado en el hospital Clínico, centro de referencia de muchos municipios de la provincia y adonde llegan, por tanto, muchos no zaragozanos que requieren de idéntica ayuda. Como en el IMLA, adonde llegan buena parte de los cadáveres por muerte no biológica que se registran en Aragón. Con la ordenanza vigente, no se les podría dar ese servicio de beneficencia, pero Zaragoza quiere abrir su mano.