El Ayuntamiento de Zaragoza se mostró en desacuerdo con «las precipitaciones» que se han llevado con la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, la prestación que 255.000 españoles percibirán el próximo 26 de junio.

Su gestión ya se está dejando notar en la administración pública, puesto que se reciben más de 300 consultas diarias sobre este asunto, según el consejero de Acción Social y Familia, Ángel Lorén. Este critica que los ayuntamientos deben trabajar con «escasas indicaciones» y afirma que les preocupa el posible colapso de los servicios sociales, «no solo del ayuntamiento de Zaragoza, sino de todos los de España», dijo. Denuncia que «se establezca la necesidad de colaboración por parte del ayuntamiento sin una contraprestación económica para pagar ese servicio», y asegura que les sorprende notablemente y «hay una preocupación absoluta en todos los ayuntamientos».

Hizo referencia a que los costes de esa tramitación van a recaer sobre los ayuntamientos, «cuando a estos ni se les ha invitado a participar ni se ha consignado la cuantía presupuestaria que ese coste supone». En el caso de Zaragoza, se teme una avalancha de información mayor a la que ya se está produciendo y la que afrontan «sin instrucciones claras ni un convenio propuesto».

El responsable de Acción Social cree los costes de este servicio son muy cuantiosos, «vamos a tener que atender y dar información puntual, periódica y diaria a ciudadanos y usuarios», detalló. Y pronostica que al Ayuntamiento de Zaragoza le puede suponer un coste de más de 3 millones y medio de euros anuales, además de con la incorporación de una estructura de personal que se puede cuantificar en más de 40 personas. «Eso no se puede hacer de la noche a la mañana, sin seguir unas instrucciones claras, y tampoco sin la consignación presupuestaria que debe llevar esa competencia», subrayó.

Razón por la que afirmó estar «tremendamente preocupados» y haber comenzado a trabajar, aunque «muy desesperanzados en la línea de que no se planteen las herramientas adecuadas de consignación presupuestaria para ser capaces de dar ese servicio», manifestó.

El consistorio de la capital aragonesa dice estar dispuesto a dar ese servicio, pero prevén una congestión. «La irresponsabilidad con la que se está actuando desde el Gobierno de España nos va a abocar a una situación de saturación absoluta», comentó Lorén en la rueda de prensa.

El Ingreso Mínimo Vital no es incompatible con las ayudas de urgente necesidad, de titularidad municipal, por lo que estas no se van a ver afectadas. «Habrá algunos casos en los que coincida que queden fuera de la ratio de concesión, pero no van a ser muy numerosas», aclaró Lorén. Las consideró de destacada importancia dado que «el Ingreso Mínimo Vital no abarca a toda la población y deja fuera a parte tremendamente importante que está cubierta con las ayudas de urgente necesidad», explicó.

Por otro lado, desde la concejalía se informó de que la gran parte de los servicios sociales municipales ya están operativos y que la atención seguirá siendo telefónica. Solo se realizará presencialmente a instancia de los profesionales en los casos que se precisen, dentro de los propios centros de servicios sociales con las mayores garantías sanitarias.