El Ayuntamiento de Zaragoza por fin ha creado el Registro Contable de Facturas, una herramienta con la que los proveedores del consistorio podrán tener un mayor control del recorrido que siguen cada uno de los pagos que reclamen. Un mecanismo que igual no consigue que se reduzcan los plazos en los que estas se abonan, y que en el caso de la capital aragonesa casi duplican el límite permitido por la ley de morosidad, con 119 días sobre los 60 legales, pero sí para fiscalizar la agilidad con la que se tramitan en los distintos servicios municipales por los que pasa. Aunque el acceso a esta información estará restringido a la empresa interesada.

Se trata de un registro "de enorme importancia", destacó ayer el vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, al término de la reunión del Gobierno de la ciudad, quien recordó además que es el ministerio quien ha provocado su creación y que "está cambiando todos los criterios administrativos". Se refería, por ejemplo, a las diferencias en cuanto a la interpretación que se producen a la hora de controlar la morosidad en las Administraciones públicas.

Aunque el objetivo es, a su juicio, que "se pueda pagar a 90 días", un plazo más razonable, en opinión de Gimeno, a lo que instituciones como el ayuntamiento zaragozano puede aspirar para cumplir con la legalidad, pero no es una excepción sino la generalidad, de manera que "aunque se habla de un mes, en la práctica dará lugar a una ampliación". Así que confía en que pronto este aspecto de la ley se modifique para ajustarse a los plazos reales y posibles.

Pero la importancia reside en el mayor poder de fiscalización que los proveedores pueden ejercitar sobre el ayuntamiento. "Va a servir para controlar mejor la gestión de los servicios", reconoció el vicealcalde, para quien este mecanismo "introducirá un mayor ritmo", haciendo más eficiente la tramitación de las facturas y, por tanto, su cobro.

DOCUMENTACIÓN Por último, esta herramienta está vinculada al Registro Único de Facturas que se creó en el 2012. Este establecía poner a disposición del pleno toda la documentación y remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas informes trimestrales de morosidad, aunque la legislación estatal posterior ha generado numerosas dudas sobre los procedimientos de tramitación de facturas, plazos de pago y certificaciones.

De hecho, estas conllevaban que las ciudades ofrecieran lecturas distintas de los mismos datos, según se tuviera en cuenta, por ejemplo, la fecha de registro de la factura o del reconocimiento de la deuda.

Mientras, Gimeno quiso dejar claro que "el Partido Popular no podrá tener acceso" a estas cifras, porque la Ley de Protección de Datos prohibe ofrecer esa información públicamente. Solo será para las empresas.