La sociedad municipal Zaragoza Vivienda ha adjudicado esta legislatura 634 viviendas de alquiler social y prevé que sean 840 al término del mandato, el doble que la anterior y más que en los doce años anteriores, en los que solo se entregaron 573.
Así lo ha explicado en rueda de prensa el concejal de Vivienda de Zaragoza, Pablo Híjar, quien ha indicado también que el número total de viviendas de alquiler social se ha incrementado entre un 40 y un 50 por ciento desde la llegada de ZeC al Gobierno, desde 1.535 a las 2.200 con las que cuenta actualmente.
En cuanto al origen de estas adjudicaciones, dos terceras partes provienen del acceso general y de los programas municipales, mientras que la otra tercera parte corresponde a la resolución de casos de emergencia habitacional.
Estas últimas proceden en un 18,39 por ciento de la Oficina Municipal de Vivienda, que atiende a familias que se encuentran inmersas en procedimientos judiciales por deuda hipotecaria o de alquiler y acceden a una vivienda de alquiler social como última alternativa, y en un 10,54 % de la Red de Bolsas de Alquiler Social del Gobierno de Aragón, para el realojo de unidades de convivencia vulnerables; y en un 4,35 % del convenio con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Por otro lado, las unidades de convivencia que acceden por el procedimiento general cumplen siempre tres condiciones básicas: no disponer de vivienda en propiedad, empadronamiento en la ciudad de Zaragoza e ingresos netos anuales superiores a 5.100 euros e inferiores a 26.855,68 euros.
No obstante, Híjar ha apuntado que no es suficiente con que los ayuntamientos hagan estos esfuerzos "casi en solitario" y, en este sentido, ha recordado al PSOE que votó a favor de la propuesta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en 2013, por lo que ahora tiene la oportunidad de implementar dichas medidas.
Concretamente, ha reclamado al Gobierno central una reforma de la ley hipotecaria y otra de la ley de arrendamientos urbanos que establezca límites de precio al alquiler.
Se ha dirigido también al Gobierno de Aragón, que ha aprobado "buenas normas" pero que "desgraciadamente" no se están aplicando, así que se ha ofrecido a colaborar "en todo lo posible".
En este sentido, ha llamado la atención sobre la tendencia al alza en el número de desahucios observada en 2017, cuando se registraron un total de 1.461, la cifra más alta desde 2013.
Especialmente importante es el aumento de las ejecuciones como consecuencia de impagos en el alquiler, que ascienden a 892, el número más alto de los últimos años.
Por otro lado, el responsable municipal de Vivienda ha aprovechado la rueda de prensa para informar de dos casos de desahucios en la ciudad que le preocupan de manera especial.
Uno de ellos es el de Carmen y Arturo, quienes tras ocupar una vivienda consiguieron una regularización de su situación de alquiler, pero las condiciones "cercanas a la infravivienda" de su domicilio provocaron el impago y el posterior desalojo.
En este caso, finalmente el Ayuntamiento de Zaragoza se ha hecho cargo del realojo de Arturo, que además sufre una discapacidad, y Carmen para evitar que hubieran acabado durmiendo "en una furgoneta".
En este sentido, Híjar ha señalado que están detectando alquileres por parte de entidades financieras y también algunos casos de particulares de viviendas que se encuentran "en muy mal estado", algo bastante habitual en algunos barrios como Casco Histórico, Oliver o La Almozara, por lo que el Gobierno municipal se plantea adoptar alguna medida informativa para que los afectados conozcan bien sus derechos.
El segundo caso es el de Antonio y Eva, con tres menores a su cargo y que tienen un desahucio previsto para el próximo martes, después de que la vivienda que ocupaban, propiedad de La Caixa, entidad que llegó a un compromiso para estudiar un alquiler social, ha pasado a la Sareb, que se ha desentendido de dicho compromiso.
De momento, ha informado de que Zaragoza Vivienda lleva un año intentando negociar con la Sareb y que a la presión social se están sumando las organizaciones en defensa del pueblo gitano, al que pertenece esta familia y con el que se está "cebando" especialmente la emergencia habitacional, según Híjar.
