El Ayuntamiento de Zaragoza exige a sus agentes femeninas de Policía Local una altura superior a la que se requiere para acceder a la Policía Nacional o la Guardia Civil. Concretamente, han de medir 1,65 metros de altura, cinco centrímetros más que en los dos citados cuerpos, o en la mayoría de los países europeos (en los que hay requisito de altura). En Francia, por ejemplo, es de 1,50 metros, y en Italia de 1,61.

Así se refleja en una sugerencia del Justicia de Aragón, basada en una reclamación de una candidata en una convocatoria de plazas al Cuerpo local zaragozano de finales del año pasado.

Según reflejaba la reclamación de la mujer, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya ha instado a otros países -Grecia, por ejemplo-, a establecer criterios razonables en este setndio, para que la altura no se convierta en un requisito «subjetivo, excluyente y discriminatorio», particularmente para la mujer, si no se adapta a las medias reales.

El organismo que aún dirige Fernando García Vicente se remitió tanto al Ayuntamiento de Zaragoza como al Gobierno de Aragón. El primero expuso que se basó en la normativa autonómica. Es más, la actualmente vigente como marco eleva el mínimo a 1,68 centímetros, solo 2 menos que los varones.

El Gobierno de Aragón, por su parte, alegó que la Ley de Coordinación de Policías Locales, pese a que se ha comenzado a desarrollar en algunos aspectos, no lo ha hecho en lo que afecta al acceso. No hay normativa nueva, y sigue vigente la de 1991, que refleja los citados 168 centímetros, con cierta autonomía municipal.

Ante los informes recibidos, el Justicia hace hincapié en que el consistorio zaragozano en realidad hizo uso de esta autonomía, pero se limitó a rebajar en solo 3 centímetros la altura exigida en el reglamento marco; bien podría haberla reducido más, entiende. Podría paliarse así el escaso 15% de presencia femenina.

Por su parte, no puede dejar de «observar» que la Ley de Coordinación de Policías Locales data del 2013, e incluía un compromiso de desarrollo reglamentario en año y medio. Casi cinco años después, sigue sin estar listo.

Por ello, en su papel, formula una sugerencia al Gobierno de Aragón para que en el desarrollo, «a la mayor brevedad», del reglamento, fije unos criterios de altura que no resulten discriminatorios para las mujeres.