El Ayuntamiento de Zaragoza planea impulsar a corto plazo un «diagnóstico real» de la usurpación de viviendas y bloques de pisos vacíos que se está registrando en la ciudad. No tanto establecer el denominado mapa de la okupación que, en otras ocasiones, parecía más dirigido a criminalizar a todo aquel que se adentraba en un inmueble ajeno por falta de un techo bajo el que dormir, sino para poner coto y atajar «posibles actividades ilícitas» que se puedan ocultar bajo el paraguas de una necesidad social, «e incluso que puedan estar organizadas por otros intereses».
El incremento de casos en el centro de la capital aragonesa y de la conflictividad que estos han generado obliga a investigar cada situación. Así al menos se lo ha planteado el responsable de Acción Social, Ángel Lorén, quien considera que «la permisividad de la administración muchas veces es el mejor socio de la especulación inmobiliaria».
«No nos podemos entretener con la cuestión de la semántica, es necesario conocer en profundidad qué hay detrás de cada caso y actuar donde se detecten conductas irregulares». El edil conservador, además, subraya que «no se puede incurrir en el error de criminalizar a nadie», pero admite que las características de casos como los que se están dando en el centro obligan a sospechar.
