Zaragoza contará a partir de ahora con tres jueces dedicados en exclusiva a las demandas relacionadas con las hipotecas bancarias, después de que se haya aplicado el acuerdo alcanzado el pasado viernes por el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y el Gobierno de Aragón. Aunque va pasando el auge de estos pleitos, el nivel aún es importante, como muestran los más de 4.000 que ha recibido el juzgado único hipotecario de la capital aragonesa, el Primera Instancia 12 bis, por lo que a partir de ahora el 12 se dedicará también en exclusiva a estos asuntos, y además un tercer juez -en principio, una magistrada de Daroca- colaborará en comisión de servicio, equiparable a horas extra.
Así lo detalló ayer la directora general de Justicia e Interior, María Ángeles Júlvez, en una comparecencia ante los medios de comunicación. Según explicó, el volumen de litigios en Huesca o Teruel, de unos 500 en seis meses, no obliga a adoptar medidas extraordinarias, más allá del funcionario de refuerzo que ya habilitó el Gobierno en su día, y la limitación de la entrada de otros asuntos en los juzgados.
RATIO
Pero en Zaragoza el volumen supera ampliamente la ratio de 1.200 asuntos por juez, establecida por Justicia, y que como ya publicó este diario convertía al juez en prácticas asignado a la capital aragonesa en el tercero con más carga de trabajo en España.
Por ello, desde ahora este se dedicará en exclusiva a despachar los asuntos que ya tiene sobre la mesa, mientras las nuevas demandas se reparten entre el juez del Primera Instancia 12 convencional (que dejará de recibir otro tipo de asuntos) y la magistrada de refuerzo, así como los dos secretarios judiciales -hoy, letrados de la administración de justicia- que también se incorporan a estos asuntos. Y continúa la aportación de seis funcionarios de refuerzo por parte del Ejecutivo autonómico.
Estos juzgados se conocen como de cláusulas suelo, aunque el apelativo va quedando desfasado a medida que se generalizan otro tipo de pleitos. Así, a estas se han unido las demandas por gastos de hipoteca, que la Justicia ha ido decretando que tampoco corresponde pagar al cliente, aunque con matices. El juez del 12 bis de Zaragoza, por ejemplo, sigue el criterio de que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (la mayor parte de estos gastos) sí ha de abonarlo el consumidor, sin que la Audiencia de Zaragoza se haya pronunciado hasta ahora, que haya trascendido.
En esta materia hipotecaria se espera el pronunciamiento sobre los acuerdos de rebaja de cláusulas voluntarias firmados de puño y letra por el cliente, que en Aragón corresponden casi en exclusiva a Ibercaja, heredados de la CAI. El Tribunal Supremo tiene previsto llevar a cabo la deliberación y fallo sobre este asunto el próximo día 18 de este mes de enero.
