El Ayuntamiento de Zaragoza seguirá prestando el servicio de seguridad alimentaria a pesar de que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local establecía que esta competencia debía dejar de prestarla desde el pasado día 1. Lo explicitaba la normativa estatal y lo había advertido el consistorio en múltiples ocasiones al Gobierno de Aragón, que era quien debía asumir íntegramente esta labor --y los costes que conllevan--, pero al final permanece entre los cometidos del Instituto Municipal de Salud Pública de la capital aragonesa.

Llegado el momento, la amenaza municipal ha quedado en nada, por fortuna para los diez trabajadores, de los más de 40 que tiene este instituto, que dependían de quién asumiría esta competencia. Y se hace transcurridos los seis meses preceptivos que marcaba la ley y sin que haya mediado un convenio entre ambas instituciones que establezca quien asume el coste de 650.000 euros que se dedican cada año del presupuesto de la ciudad para realizar este cometido.

10 EMPLEOS Según explicaron fuentes oficiales del consistorio, la decisión final se adopta "por responsabilidad de cara a la salud pública y la seguridad alimentaria, por ahora y con carácter excepcional y transitorio". Así que las cuitas entre el Gobierno de Aragón y el ayuntamiento de la capital por la interpretación de la ley se salda, una vez más, con la decisión salomónica de dejar las cosas como estaban. Eso, a solo un mes del inicio del curso escolar y con la amenaza todavía vigente de no asumir el coste de la factura eléctrica ni los gastos generales de los centros educativos.

"Vamos a seguir colaborando porque es prioritaria la seguridad alimentaria y la salubridad, especialmente en verano", señalaron las fuentes oficiales municipales, que recordaron que esto es consecuencia de la "indefinición" de la propia ley y su aplicación por parte de la DGA, que no marcará los límites competenciales hasta que no apruebe la Ley de Capitalidad.

Mientras, "con carácter general" hay que seguir prestando estos servicios. Este, en concreto, se dedica a la toma de muestras de alimentos para remitirlos al Gobierno aragonés, una labor que complementa el propio servicio del Ejecutivo autonómico. Pero se hace sin definir el aspecto más relevante que define la ley: quién asume el coste.