Alcaldes de las principales ciudades españolas, entre ellos el de Zaragoza, Jorge Azcón, elaboraron ayer en una reunión telemática un manifiesto en el que mostraron su oposición al real decreto del Ministerio de Hacienda, pactado con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), para el reparto de 5.000 millones de euros con los que hacer frente a los efectos del covid-19 y de los que ha quedado excluida la capital aragonesa.
Los alcaldes de, entre otras ciudades, Madrid, Bilbao, Cádiz y la propia Zaragoza, piden en el citado documento «poder disponer íntegramente de sus ahorros» y que el objetivo del gasto «no venga condicionado por lo que señale el Gobierno central», de forma que se puedan destinar recursos a aspectos no recogidos en el real decreto, como, por ejemplo, el turismo, citó Azcón.
Asimismo, los regidores, que representan en total a 10 ciudades y a ocho partidos políticos, solicitan que se flexibilice la regla de gasto. «En definitiva decimos no al real decreto de Hacienda sobre financiación de los ayuntamientos», resumió Azcón, que aseguró que el manifiesto se dará a firmar a todas las capitales de provincia y a las ciudades de más de 100.000 habitantes y que se buscará el apoyo de más partidos políticos.
En este sentido, Azcón dijo que el alcalde de Valencia, Ximo Puig, ha mostrado su voluntad de firmar el documento, con lo que los partidos a favor serían ya nueve, «todos menos el PSOE».
«Somos una liga de alcaldes que vamos a defender a nuestros ciudadanos y a unir nuestras voces», insistió Azcón.
Mientras tanto, continuó, se va a solicitar una reunión con la ministra del Hacienda «para que oiga de nuestra propia voz que estamos en contra, que lo acordado por Hacienda y la FEMP» no representa las aspiraciones de los municipios. «Esperamos que en esta ocasión tenga una mínima educación y nos reciba a todos», añadió.
Además, adelantó que el Congreso votará en contra de la revalidación del real decreto, por lo que aconsejó a los alcaldes «que iban a enviar sus ahorros a Hacienda» que se lo piensen pues corren peligro de perderlos.
Y terminó con una reflexión para que el Ministerio de Hacienda, «como es su obligación», facilite recursos a los ayuntamientos con el fin de que los alcaldes puedan resolver los problemas que tienen los ciudadanos.
Método alambicado
El pacto sobre financiación local, del que reniegan también las formaciones nacionalistas que apoyaron a Sánchez en la investidura, se basa en que los ayuntamientos entreguen a Hacienda, de forma voluntaria, todo el dinero remanente que hay en sus arcas, que en con junto del país ascienden a unos 14.000 millones de euros.
A partir de ahí, Hacienda irá entregando el dinero a sus legítimos propietarios durante un plazo de 10 años, ampliable a 15, a partir del año 2022. El PSOE mantiene que la normativa vigente en la actualidad impide actuar de otra manera y ha tenido que recurrir a un método muy alambicado que genera sospechas en el resto de partidos e incluso en los socios de gobierno.
