El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una moción de Zaragoza en Común por la que se ha acordado instar al Gobierno de España a actuar contra la pobreza energética prohibiendo los cortes de los suministros sin comprobación por los servicios sociales de la situación de vulnerabilidad de la familia afectada.
En defensa de la iniciativa, la consejera de Derechos Sociales, Luisa Broto, ha recordado que desde el inicio de la crisis, el precio de la energía ha crecido un 76 % y un 33 % este año "en plena ola de frío polar", mientras que las grandes compañías eléctricas "ganan más de 56.000 millones".
A lo que se suma que, según Eurostat, España es el quinto país de la UE con la luz más cara en consumidores domésticos.
Broto ha recordado que más de 7 millones de personas en España, "el 17 % de los hogares", no pueden o les cuesta pagar la factura de la luz y que, según el informe "Cambio climático 2014" de la ONU, en España, las muertes por pobreza energética superan a las de accidentes de tráfico.
La consejera ha criticado asimismo que el de la energía no es un mercado regulado porque no pueden entrar en competencia leal otras entidades como cooperativas, asociaciones y ha recordado que el que solo el 50 % del recibo sea el gasto de energía ha llevado al Tribunal Supremo a investigarlo.
Fruto del acuerdo, que en el primer punto ha contado con el apoyo de ZeC, PSOE, Ciudadanos y CHA, se ha instado además al gobierno a diseñar "una auténtica" tarifa social que incorpore como criterio principal la renta per cápita de los miembros de la residencia habitual y facilitar el acceso a descuentos tarifarios de aplicación universal para todos los consumidores que sean personas físicas, en su primera residencia.
También se ha acordado instar al Gobierno de España a reformar urgentemente el modelo energético derogando el "impuesto al sol" y el resto de la normativa "anti-renovables" poniendo en marcha una auditoría real de los costes energéticos y bajando el IVA al tipo mínimo permitido por Europa.
Así como a poner en marcha un Plan Nacional de Ahorro Energético y un Plan Nacional de Energías Renovables que movilicen una inversión equivalente al 1,5 % del PIB para generar más de 300.000 empleos en el sector industrial y de rehabilitación de edificios.
La concejala del PP Reyes Campillo ha calificado de "broma" que inste al Gobierno a luchar contra la pobreza energética cuando ha elaborado un decreto para el bono social que además "van a tener que pagar las doscientas comercializadoras por una sentencia del Tribunal Supremo".
Campillo ha asegurado que al PP "le preocupa mucho la subida de los precios", pero ha advertido de que este no es el foro para cambiar el modelo energético, al tiempo que ha reprochado a ZeC "gastar las partidas de pobreza energética, que se han quedado a cero".
La socialista Lola Campos ha instado al Ayuntamiento a sumarse a las iniciativas de las Federaciones de Municipios española y aragonesa contra la pobreza energética, que ha sido aceptado, y se ha mostrado partidaria de "frenar la electricidad como negocio".
Cristina García, de Ciudadanos, también considera que hacer frente a la pobreza energética es "una responsabilidad" y se ha mostrado partidaria de trabajar por un modelo energético que "se centre en las personas, en abaratar costes y en las energías renovables".
El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, ha recordado que la causa de la subida de precios se remonta a 1997 cuando se privatizó el sector de la energía eléctrica "para hacerlo más competitivo y bajar los precios" y "no ha sido así".
Asensio, quien ha precisado que el Ayuntamiento ya suscribió sendos convenios con compañías eléctricas para evitar el corte de la luz, ha lamentado que no se haya "transitado a un modelo energético más sostenible" que es, a su juicio, "el camino que hay que emprender".
