El responsable de Economía en el Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, junto a los Barcelona, Cádiz, Córdoba, de Coruña, Madrid, Santiago de Compostela y Valencia se reunieron ayer en la capital catalana para exigir al nuevo Gobierno socialista medidas que permitan asumir, a largo plazo, un 25 % del gasto público a los ayuntamientos.

Esta declaración, que reedita la de Valencia y sus Jornadas Municipalistas para una Financiación Justa, celebradas en febrero del 2017, exige cambios normativos y en la gestión de impuestos para emprender una «segunda descentralización», que alcance a los entes locales y ponga fin al «olvido» que han sufrido durante toda la democracia y los «agravios directos» recibidos por parte del anterior Gobierno central, explicaron sus integrantes.

Una de las medidas que exige el manifiesto es la ampliación del espacio tributario local, a través de nuevos impuestos que incluyan actividades nuevas que aún no contempla la ley y no tienen la tributación regulada, como por ejemplo el alquiler en grupo de bicicletas.

Asimismo, reclaman ampliar su autonomía normativa para definir distintos tipos impositivos en el impuesto sobre los bienes inmuebles (IBI) según el uso que se da a una propiedad y las necesidades de la ciudad.