Zaragoza presentará una veintena de alegaciones al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. El equipo de Zaragoza en Común (ZeC) considera que el texto se ha realizado «al dictado de las entidades financieras» por «no proteger a los sectores más vulnerables» y suponer «un retroceso» en el mercado del alquiler.
Según explicó el concejal de Vivienda del consistorio zaragozano, Pablo Híjar, las alegaciones que se trasladarán al Gobierno central «rechazarán» el límite de 600 euros de renta que el plan establece para acceder a las ayudas de arrendamiento por el «efecto inflacionista» que, estima, conllevará.
«Los propietarios subirán el importe de las rentas hasta el tope legal establecido y subirán los precios. Además, es una medida antisocial que se den ayudas del 40 % sin tener en cuenta las condiciones de cada familia», declaró el responsable municipal.
Análogamente, Híjar criticó que las subvenciones a futuros propietarios «vayan hacia viviendas vacías en barrios populares en manos de Sareb y de entidades financieras», una medida que implicará «que se vendan dichos inmuebles».
El edil denunció igualmente el carácter «limitado» del programa de ayudas a los desahuciados, ya que, apuntó, «el Gobierno deja a la voluntad de las entidades financieras» su adhesión a los fondos de alquiler social, cuyo convenio regulador requerirá la conformidad previa del eventual beneficiario. El consistorio, que no espera ser escuchado por la administración estatal, espera que el plan se retrase «indefinidamente».
