El precio de venta de las 96 viviendas en régimen de alquiler con opción a compra que el Ayuntamiento de Zaragoza posee en los terrenos de la antigua cárcel de Torrero se va a reducir hasta un 20%. Esta propuesta de Zaragoza Vivienda, que consiste en eliminar una cláusula que fijaría su precio y que hoy se someterá a votación en el consejo de administración de la sociedad municipal, busca adaptar el coste a la capacidad económica de los inquilinos. Con esta medida, el ayuntamiento pasaría de percibir un máximo 15,8 millones y obtener un beneficio de 7,8 por la venta de todos los pisos, a sumar 12,9 millones en tesorería y 5 de beneficio.

La sociedad promovió la construcción de estas viviendas hace más de una década. Las obras se adjudicaron en la primavera del 2009 y formaban parte de un plan de regeneración de esta zona del barrio. Situadas en las calles Casa Ganaderos, Semblante Aragonés y Manuel Villanueva y una superficie que varía entre los 77 y los 89 metros cuadrados, con garaje y trastero, el consistorio acordó que salieran a la venta transcurridos diez años desde la calificación definitiva, que se realizó en el 2011, Un periodo que vence el próximo mes de noviembre.

Para poder generar este derecho, el contrato de alquiler tiene que tener una vigencia mínima de cinco años y se descontará del precio final el 30% de los importes abonados en concepto de renta.

Las condiciones de los precios de alquiler y venta se establecieron según los máximos que permitía el Plan aragonés de Vivienda. Son las únicas residencias destinadas al alquiler con opción a compra que el consistorio tiene en propiedad.

Según consta en el expediente que hoy se someterá a votación, el pasado 8 de febrero un «porcentaje mayoritario» de arrendatarios manifestaron su preocupación por el precio final. No todos pueden comprar este año y no todos lo harán. Por ahora, la inmensa mayoría podrían hacerlo, 86 del total, mientras que los diez restantes tendrían la opción de adquirir los inmuebles en los próximos cuatro años.

Existe una cláusula en el contrato de arrendamiento por la que se establecía que el precio máximo de venta en 1,2 veces el precio máximo establecido en la calificación provisional y una previsión sobre la indexación del IPC del 1% anual. Lo que se propone ahora es anular esta condición ya que el importe de tasación de las viviendas por las entidades financieras sería inferior la coste real. Esto provocaría que los interesados en adquirir el inmueble tendrían que contar con unos ahorros equivalentes al 40% del precio de la vivienda. De este porcentaje, el 20% correspondería al importe no hipotecado y el restante a la aplicación de esa cláusula que ahora se quiere eliminar.

Inmuebles por 160.000 euros

Así, el precio de venta sería de 1.394,96 euros el metro cuadrado útil de la vivienda, de 894 euros el del garaje y 894 el de los trasteros, de acuerdo con los máximos establecidos para la compra de Vivienda Protegida de Aragón.

No es la primera vez que se modifican y ya se actualizaron «a la baja» en el 2011, el 2012 y en el 2014.

La no aplicación de la condición que el consejo de administración podría eliminar hoy supondrá que las viviendas pasen de tener un coste que oscilaba entre los 160.000 y los 180.000 euros, a los 159.000 la más cara y los 127.000 la más económica, atendiendo a sus metros cuadrados.

Según el informe de Zaragoza Vivienda, y en el caso de que esta norma se anulase, el consistorio podría ingresar este año 10,9 millones por la venta de los pisos (en el caso de que todos sus inquilinos compraran), 432.559,14 euros en el 2022, 1,2 millones en el 2023, 450.116,12 euros en el 2024 y 474.145,57 en el 2025. En total, 12,9 millones más otros 5 de beneficios, es decir, 17,9 millones frente a los 23,6 que ingresaría si se mantuviese la cláusula.