El Gobierno de Zaragoza ha acordado hoy reclamar la nulidad de la inmatriculación de la catedral de la Seo y de la iglesia de la Magdalena, inscritos por la Iglesias Católica, con el objetivo de que pasen a ser de dominio público.
Así lo ha explicado en rueda de prensa el consejero municipal de Cultura y Economía, Fernando Rivarés, quien ha asegurado que el procedimiento no entra a valorar el uso religioso o litúrgico de los bienes.
El motivo es que en unos meses prescribe la capacidad de recurrir la titularidad de los bienes, una vez pasados 30 años desde que la Iglesia los puso a su nombre, el 8 de abril en el caso de la Magdalena y el próximo año el de la Seo.
Además de la reclamación por vía judicial para conseguir la nulidad registral por contravenir la legislación hipotecaria vigente se va a presentar un requerimiento al arzobispado y al Estado para saber "para qué, quién y cuándo inmatricularon estos bienes" y esclarecer la titularidad del bien.
Al Gobierno de Zaragoza en Común "lo que le parece es que la obligación del Gobierno de España era practicar la transparencia y saber cuándo, cómo y porqué se cometió esta barbaridad y se inscribió como propiedad privada" ha insistido el consejero quien ha matizado que en el caso de la propiedad futura la debe dirimir el juzgado.
Rivarés ha informado asimismo de que se está pendiente de recibir un inventario de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica desde 1978, solicitado al Gobierno de Aragón, que no ha contestado, y al Colegio de Registradores.
El Gobierno municipal quiere obtener una relación telemática de los inmuebles, con datos de identificación precisos, para realizar un inventario que incluya la certificación de la parcela o parcelas y la delimitación geográfica de la finca.
Respecto a la actitud del Ejecutivo autonómico, ha recordado que a finales de 1990, durante la obra de remodelación de la Seo, se abrió un debate social para proponerle al Gobierno de Aragón la creación de una fundación para controlar la gestión pública de este templo y la respuesta del PAR, según Rivarés, fue que no procedía.
La Ley Hipotecaria establecía desde su aprobación inicial (1946) la posibilidad de inmatricular los bienes de la Iglesia católica a través del llamado certificado de dominio emitido por el diocesano del lugar.
Según Rivarés, "un privilegio injusto y democrático" que desapareció del ordenamiento con el proyecto de Ley de Reforma de la Ley Hipotecaria y de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobada en 2015.
Este proyecto, ha recordado el edil, faculta para la inmatriculación solo a las administraciones públicas y entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia.
"Queremos que dichos templos, que se construyeron y mantuvieron con dinero público, pasen a propiedad pública. Nadie cuestiona el uso religioso ni la libertad de culto" ha asegurado Rivarés quien ha explicado que al reclamar la nulidad se hace constar que cuando se inmatriculó fue un acto irregular.
Además, el consejero ha hecho asimismo hincapié en la diferencia de datos que figuran en el catastro y los inmatriculados.
Así, por un lado figura que la Seo tiene 9.486 m², de los que 8.247 son cubiertos, e incluye dos viviendas privadas, una en la calle del Dean y otra en la plaza de La Seo de 112 y 192 m², respectivamente.
En el catastro se recogen 14.905 m², de los que 709 son habitables y una tasación de 9,5 millones de euros, que son los que "considera certeros el Ayuntamiento".
Por su parte, en una comparecencia posterior el portavoz de CHA, Carmelo Asensio, ha mostrado su satisfacción por la decisión, que da cumplimiento a una moción de su grupo para intentar esclarecer la situación registral de muchos bienes de domicilio público a raíz de la reforma de 1988 del Gobierno de José María Aznar y por el que la Iglesia pasó a apropiarse la titularidad de bienes de culto litúrgico.
Asensio, quien ha calificado el hecho como el "mayor expolio legal del patrimonio público" ha insistido en la necesidad de instar la demanda judicial para conseguir la nulidad registral de ambos bienes y que regresen a titularidad pública.
También ha constatado el compromiso en el Gobierno de Aragón de hacer un inventario de todos los bienes que ha inmatriculado la iglesia católica en todo el territorio, como parte del acuerdo de Gobierno PSOE-CHA.
