El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha reconocido hoy el valor de las trabajadoras domésticas y de cuidados y ha reclamado de forma unánime su protección.

Fruto de una moción de Zaragoza en Común, el pleno ha acordado pedir al Gobierno de Zaragoza a instar al Gobierno de la Nación a iniciar los trámites parlamentarios que sean necesarios para la ratificación del Convenio 189 de la OIT, que dote de una mayor protección laboral y social para estas empleadas.

En su defensa de la iniciativa, la concejala de Igualdad, Arantza Gracia, ha justificado su presentación, además en términos femeninos, porque se la han reclamado las mujeres, además de porque es un trabajo en el que un 96,8 % son mujeres, más de la mitad extranjeras, "muchas obligadas a trabajar en negro" y que sufren una "triple discriminación: por género, procedencia y clase social".

En su exposición de motivos ha recordado que este trabajo es una actividad económica que permite el mantenimiento de la vida de las personas que la ejercen y que conlleva inherente derechos y obligaciones establecidas en la ley.

Sin embargo, advierte que aunque la consideración jurídico-laboral del trabajo en el hogar les reconoce derechos laborales y de seguridad social no es suficiente para equipararse con el resto de los trabajadores/as regulados por el Estatuto de los Trabajadores, con desajustes en salario, horas de descanso, alta en la Seguridad Social, vacaciones, paga extraordinaria completa, horas de presencia y en materia de extranjería con deberes que hacen compleja la posibilidad de las correspondientes regularizaciones.

Y es precisamente el Convenio 189 de la OIT en el que se establecen los estándares mínimos de protección para quienes se desempeñan en el trabajo doméstico remunerado, las normas sobre trabajo forzoso, discriminación y trabajo infantil, la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, al tiempo que constituye un reconocimiento del valor económico y social que tiene este empleo y una llamada a la acción para poner fin a las exclusiones de que son objeto.

Aunque la moción ha contado con el apoyo de todos los grupos, PP, PSOE y Ciudadanos han aprovechado para reprochar a Zaragoza en Común que el actual secretario general de Podemos en Aragón, Pablo Echenique, tuviera un empleado sin contrato y sin pagar a la Seguridad Social cuando era eurodiputado, pese a que, según ha informado el concejal popular, Pedro Navarro, tenia un salario de "6.200 euros al mes y ayuda a la dependencia".