En el término municipal de Zaragoza se registra cada día una denuncia relacionada con la okupación ilegal de viviendas. Este dato, facilitado por el Servicio de Asistencia Jurídica a Afectados por la Okupación Ilegal, muestra la gravedad de un problema que ha ido creciendo desde la crisis económica posterior a la Expo del 2008 y se ha incrementado a raíz de la pandemia de coronavirus.
«Recibimos de media un nuevo asunto a diario», confirma el letrado Alberto Peiró, coordinador del servicio, que funciona desde el pasado 4 de enero y ha sido puesto en marcha gracias a un convenio entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Colegio de Abogados de la capital aragonesa. El asesoramiento corre a cargo de cinco letrados con experiencia en el campo de la ocupación ilegal de propiedades.
El teléfono que atiende a personas que sufren un allanamiento de su domicilio o se ven perjudicadas indirectamente por la okupación de una vivienda cercana (650 662 430) trabaja de lunes a viernes y recibió 55 llamadas los pasados meses de enero y febrero. A mediados de este mes de marzo ascendían ya a 73 los asuntos atendidos.
El 60% de los contactos con el servicio de ayuda jurídica fueron establecidos por propietarios particulares que un día descubrieron que sus segundas residencias o pisos en los que no viven fueron invadidos por extraños.
El otro 40% de llamadas las realizaron personas que residen cerca de viviendas que han sido okupadas y que necesitan asesorarse porque, con frecuencia, el allanamiento de morada llega acompañado de una degradación de la convivencia en forma de ruidos, peleas, trapicheos de droga y otras formas de delincuencia. «Las llamadas proceden siempre de Zaragoza ciudad, de los barrios rurales y de algún municipio de su entorno», señala Peiró.
A menudo, detrás de una okupación está una okupaciónorganización crimina y a las que exigen el pago de determinadas sumas de dinero, varios centenares de euros. En otras ocasiones, los inmuebles okupados pueden destinarse al tráfico de drogas e incluso al negocio de la prostitución por parte de mafias. «Sufrir la invasión de una vivienda genera un gran daño emocional», afirma Alberto Peiró. Al margen, claro está, de los destrozos que los ocupantes suelen causar y que se descubren una vez recuperada la propiedad.
La primera pregunta que plantean quienes ha sido víctimas de la okupación ilegal de una vivienda, sea de primera o segunda residencia, es qué pueden hacer para librarse del problema y echar a los okupas.
«La rapidez en la reacción es fundamental en estos casos», explica Peiró, que señala que el hecho de sorprender in fraganti a los intrusos permite optar por la vía penal y disponer de más herramientas legales para acelerar la expulsión por parte de la policía, sin la obligatoriedad de una autorización judicial.
En este caso, sea una primera vivienda o una segunda residencia, el asunto se puede reconducir, tras la toma de medidas cautelares de desalojo, como un delito de allanamiento de morada, castigado con hasta dos años de cárcel en un juicio con jurado popular. También se puede optar por un delito de usurpación para el caso de viviendas sin uso, con una respuesta penal más leve.
Medidas cautelares
En estos supuestos, los letrados que defienden a los perjudicados pueden solicitar la aplicación inmediata de medidas provisionales que lleven al desalojo rápido de la vivienda «sin tener que esperar a que termine todo el procedimiento judicial», que se puede alargar mucho.
Pero si la okupación se descubre cuando los ocupantes llevan un tiempo instalados y han cambiado incluso la cerradura, hace falta autorización judicial para cualquier intervención y para establecer medidas cautelares.
En esta situación, si se elige la vía del delito de usurpación el proceso puede durar varios meses e incluso superar el año en el caso de allanamiento de morada.
En cualquier caso, una vez descubierta la okupación, el perjudicado debe solicitar la inmediata aplicación de medidas provisionales para conseguir la devolución de su inmueble. Si lo consigue, la recuperación efectiva podrá realizarse en cuestión de unos pocos días o semanas, aunque el procedimiento restante se demorará todavía entre seis meses y un año, según los casos.
Distribución de los auxilios
La distribución de las okupaciones ilegales de viviendas denunciadas en Zaragoza es muy irregular. El Casco Histórico concentra la mayoría de ellas, el 33%, seguido de Torrero-La Paz con un 12% y San José con el 11%. En segundo nivel se sitúan Delicias, con un 9%, los barrios rurales (9%), Miralbueno y Las Fuentes (un 7%) y Oliver-Valdefierro (4%). Por detrás quedan El Rabal, con un 4%, y los distritos de Universidad, La Almozara y Santa Isabel, con un 2% cada uno. Centro, Casablanca, Distrito Sur y Actur no han registrado todavía ninguna llamada de ayuda.
