Las desavenencias de los partidos de izquierda provocaron que saliera rechazada una moción de Chunta en la que se pedía el desmantelamiento del campo de maniobras de San Gregorio en Zaragoza y la exigencia al Gobierno central de que la capital aragonesa reciba compensación económica por las molestias evidentes que sufre por estas servidumbres militares.

Un interesante debate en lo ideológico que acabó decantando la balanza del lado de PP y Ciudadanos (C’s) porque los nacionalistas no aceptaron la votación separada y el PSOE acabó absteniéndose. Y después de que los socialistas mostraran a Zaragoza en Común (ZeC) sus actuales contradicciones entre lo que defienden ahora y lo que argumentaban algunos de los que hoy están en sus filas. Como el exJemad, Julio Rodríguez, enrolado en «las mismas listas electorales que el alcalde» de Unidos Podemos, pero que siendo alto mando militar denegó la última tentativa del ayuntamiento para que se le cediera suelo.

Así lo recordó el socialista Roberto Fernández, quien admitió que sería «razonable que sea compensada» la ciudad por las evidentes afecciones que sufre. Las relataba la edila de CHA Leticia Crespo: 53 incendios, 36 provocados por las maniobras; ruidos por los vuelos; prácticas en el núcleo urbano de Alfocea...

Ella iba más allá de unas contraprestaciones económicas que, según destacó Elena Martínez (C’s), Zaragoza ya recibió hasta el 2007 -«268.000 euros en los presupuestos», dijo-, mientras hoy otros municipios como Rota o los 22 municipios del entorno de Bardenas siguen cobrando, «52 millones desde el 2008 y 14 más hasta el 2019», dijo la concejala, que argumentó su rechazo al «orgullo» por ser «un referente nacional y mundial». Fernández, por su parte, abogó solo por que estos campos de maniobras «sean más reducidos y tecnificados».

En lo ideológico, dos modelos contrapuestos, el del PP y el de ZeC. La visión de Pablo Híjar, que defendió la moción siendo responsable de Vivienda y que llegó a decir que las 34.000 hectáreas de San Gregorio son «para entrenar cómo matar a personas» y es un «uso del territorio que esquilma a los aragoneses». Y la del conservador Pedro Navarro, quien recordó cómo se ha criticado al Gobierno central por el cierre del cuartel de Huesca y ahora «se pide para San Gregorio» y también que en el 2001 un acuerdo con Defensa permitió, con el PP gobernando la ciudad, que el barrio de «Valdespartera sea la mayor bolsa de VPO en España».

«Cuando usted ve a un policía, se preocupa, y yo me tranquilizo. Cuando veo al Ejército pienso en la seguridad nacional y en garantizar su libertad y la mía, usted ve a personas que entrenan para matar y que esquilman a Aragón», le dijo Navarro a Híjar.