El pleno del Ayuntamiento votó este jueves a favor de la creación de una comisión «por la reconstrucción de la ciudad» que se encargue de trazar las líneas maestras del plan que tendrá que contrarrestar la crisis sobrevenida por la pandemia del coronavirus. Votaron a favor los 31 concejales de la corporación en un largo pleno en el que se llegaron a debatir hasta tres fórmulas diferentes para alcanzar este acuerdo. La vicealcaldesa, Sara Fernández, ya anunció hace una semana que su grupo, junto al PP, presentaría una moción para la creación de esta comisión. Según sus palabras el Gobierno de Zaragoza pretende así emular «el mismo espíritu» que ha surgido a nivel autonómico para combatir esta nueva crisis económica.
Parafraseando al propio presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que esa misma mañana había dicho que «salvar vidas» estaba por encima de «salvar políticamente a Pedro Sánchez», Fernández aseguró que «las vidas de los zaragozanos son una prioridad que está por encima de las siglas políticas». Esta comisión anunciada, que se pretende reunir ya -o preestablecerse- la semana que viene, tendrá que haber alcanzado alguna resolución en el plazo de un mes. Y en este grupo de trabajo, asimismo, tal y como insistieron los grupos de la izquierda y ante lo que tanto el PP como Ciudadanos se mostraron a favor, estarán presentes los agentes sociales y agrupaciones vecinales como la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) y la Unión Vecinal Caesaraugusta.
En el debate del pleno de ayer también se acordó por unanimidad, a petición de diferentes grupos, entre ellos el PP y Cs, instar, de nuevo, al Gobierno de España a que flexibilice la regla de gasto para los ayuntamientos y que Hacienda permita a las entidades locales gastar el 100% del remanente del año anterior (en la actualidad solo se les permite gastar el 20% y tiene que destinarse a acción social). Este debate lo utilizaron los grupos de la izquierda (PSOE, ZeC y Podemos) para recordarle a la responsable de Hacienda del consistorio, María Navarro, que fue el ministro Cristóbal Montoro, del PP, el que impuso ese «corsé», conocido precisamente como la Ley Montoro.
LLAMAMIENTO A LA PRUDENCIA
«Nos alegramos de que hayan cambiado de opinión», le reprocharon a Navarro desde la bancada de la izquierda. Por su parte, la concejala defendió que aquella medida sirvió en su momento para que los ayuntamientos acumularan un superávit conjunto de 20.000 millones de euros, pero que ante la crisis actual se hace necesario poder utilizar esos excedentes.
Tanto PSOE como Podemos presentaron mociones también para la construcción de un grupo de trabajo similar al que se va a poner en marcha la semana que viene. Los socialistas lo llamaron «observatorio» y los morados lo defendieron en forma de plan «en dos fases»: una de aquí a diciembre y otra en el 2021. Ambas agrupaciones acabaron asumiendo la fórmula propuesta por el Gobierno municipal ya que, según el portavoz de Podemos, Fernando Rivarés, lo importante «es el fondo y no la forma».
Por su parte ZeC también presentó una moción para pedir la creación de una renta básica universal estatal «para todos los ciudadanos», que permita a los trabajadores «tener armas para poder negociar con sus empleadores», según explicó Pedro Santisteve.
A pesar de que el acuerdo hoy está mas cerca, la izquierda también le achacó al alcalde, Jorge Azcón, que haya tardado tanto en plantear un plan contra la crisis y le criticaron la falta de «voluntad política» y haberse escudado en la actuación de otras administraciones para no tomar medidas como, por ejemplo, conceder ayudas directas a los autónomos. Le pusieron como ejemplo los casos de ayuntamientos como el de Alicante, gobernado por el PP, que ya había impulsado medidas en este sentido.
El Ejecutivo local respondió diciendo que se rigen por la prudencia y que les gustaría coordinarse con otras administraciones con más presupuesto para poner en marcha este tipo de políticas, que no han rechazado del todo. Quieren, explicó Navarro, esperar a conocer el marco autonómico, estatal y europeo para tomar decisiones. «De nuevo, les tiendo la mano», zanjó la conservadora. Son todavía muchas las diferencias entre los grupos, pero a partir de ahora tendrán un foro donde debatirlas. El pacto puede tardar o no llegar, pero la carrera ya ha empezado.
El ayuntamiento recibe el permiso de la DGA para realizar nuevos test
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza desveló este jueves, en el transcurso del pleno, que el Gobierno de Aragón les había concedido de nuevo el permiso para poder realizar test de covid-19 a los trabajadores municipales. Fuentes del consistorio detallaron después que todavía no habían recibido la confirmación «oficial y por escrito» del departamento de Sanidad, pero que sí que se había otorgado ese «beneplácito» de forma oral. El ayuntamiento compró a principios de abril 1.000 tests a un precio de 8 euros cada uno.
El 20 de abril la DGA emitió una orden en la que solo le permitía al consistorio utilizar esos test con los trabajadores municipales de servicios esenciales que estuviesen aislados por presentar síntomas compatibles con el covid-19 y no así con el resto de la plantilla. Hasta el momento de la prohibición, el ayuntamiento había realizado 108 pruebas. 34 fueron positivas.
