El Gobierno de Zaragoza ha aprobado este viernes las bases de sus subvenciones de Cooperación al Desarrollo para 2019 con un presupuesto de 3,55 millones de euros y que sitúa a la ciudad solo por detrás de Madrid y de Barcelona en este campo.
Como ha explicado en rueda de prensa el consejero municipal de Acción Social y Familia, Ángel Lorén, su área ha reforzado con 245.000 euros más esta línea de ayudas, que incrementa un 6,7% con respecto a 2018.
Lorén ha destacado el punto de inflexión que supuso la alcaldía de la también popular Luisa Fernanda Rudi, que ostentó el cargo de 1995 a 2000, periodo en el que se logró alcanzar la aportación de un 0,5 % del presupuesto para estas actuaciones destinadas a promover el progreso económico y social global.
Para Lorén, los 27 años de trayectoria en Cooperación al Desarrollo de la institución, han hecho que sea un "referente en la materia".
El aumento en la cifra de 2019 se ha aplicado en la partida para gastos de inversión, que sube de 1.155.000 euros de 2018 a 1.400.000 euros para este ejercicio y además de mantenerse el apartado de gasto corriente para los proyectos de cooperación, con 2 millones de euros.
Fuentes municipales han informado de que la nueva convocatoria municipal introduce algunas mejoras que atienden a las sugerencias expresadas por las entidades de cooperación.
Por ejemplo, se ha modificado la distribución de los porcentajes para garantizar que las subvenciones se destinen a cubrir necesidades básicas y en los territorios en los que sean necesarias, independientemente de su área geográfica.
Por otro lado, el Gobierno de la ciudad también ha quedado enterado de un auto dictado por el Juzgado de Zaragoza que decretó el sobreseimiento de una querella interpuesta por el anterior Gobierno (Zaragoza en Común) por delito de genocidio y crímenes de lesa humanidad en el franquismo.
La portavoz del Gobierno, María Navarro, ha señalado que no van a interponer un recurso y que van a seguir el criterio de la asesoría jurídica municipal el Gobierno de Zaragoza, que considera que no existen argumentos jurídicos suficientes para desvirtuar el contenido del auto.
Navarro ha destacado que esta asesoría municipal no había intervenido hasta la fecha en este proceso, ya que esta querella se interpuso a través de un convenio de la sociedad Zaragoza Cultural con la Asociación Libre de Abogados.
La portavoz ha censurado que esta defensa por parte de la asociación haya costado 20.000 euros a las arcas públicas "teniendo una asesoría jurídica en esta casa".
