Los alcaldes de diferentes ciudades de Europa, entre ellos el zaragozano Pedro Santisteve, acordaron ayer en el Vaticano crear una red de regidores «capaces de construir ciudades acogedoras, refugios, que sepan organizar corredores humanitarios seguros y regulares, reconocidos por la comunidad internacional».

Santisteve, defendió ayer en el Vaticano que los ayuntamientos gestionen directamente la acogida de refugiados en sus ciudades, durante una cumbre en la que regidores europeos opinaron sobre cómo resolver la crisis migratoria del continente.

La reunión, que comenzó el viernes y finalizó ayer, está organizada por la Academia Pontificia de Ciencias Sociales y tiene como objetivo analizar la cuestión de los refugiados. Participaron también los ediles de Valencia, Barcelona y Madrid.

En su intervención, Santisteve puso el acento en la crisis migratoria y señaló que es uno de los desafíos más importantes a los que se enfrenta Europa en estos momentos. Por eso, una de las propuestas que planteó para solventarlo es que «los ayuntamientos, a través de las secretarías generales de migraciones» puedan «gestionar (en sus ciudades) la acogida en centros a personas demandantes de asilo». «Estamos comprometidos a firmar convenios con las secretarías de estados de migraciones que permitan la llegada de un número significativo de refugiados a nuestras ciudades», expuso Santisteve, de Zaragoza en Común (ZeC).

También reveló la voluntad de su gobierno a «explorar las vías legales necesarias, revisando la normativa municipal, para dotar del derecho de ciudadanía, mediante tarjetas de vecindad, a personas demandantes de protección internacional que no encajan en los requerimientos que llaman normalizados». Se comprometió a «mantener una estrecha colaboración con las entidades que realizan en este momento el proceso de acogida a refugiados, poniendo a su disposición los recursos que desde el ayuntamiento se puedan compartir y estudiando las alternativas que existen cuando termine el plazo que les asegura el programa».

Además, apoyó el que los ayuntamientos trabajen «codo con codo con gobiernos regionales para profundizar en un protocolo de acogida que, liderado por los gobiernos regionales, comparta el camino en la apuesta por la acogida de las personas que piden acogida, protección internacional y refugio». El primer edil lamentó cómo en España, a partir de los años 90, se fue «conformando todo un derecho de extranjería contrario a los derechos internacionales, contrario a las convenciones sobre derechos humanos», que fue convirtiendo «a los inmigrantes como no ciudadanos, como otra categoría de personas». Criticó con dureza los centros de internamiento de inmigrantes, que describió como «aberración jurídica», y reprochó que en ellos se prive «de libertad a personas por meras irregularidades administrativas» y se vulneren sus derechos fundamentales. Asimismo condenó la «degradación de los derechos fundamentales» que se da en muchas sociedades modernas y «esa economía alejada de la vida de las personas, ese capitalismo financiero» que trae consigo «una lucha entre pobres». En este sentido, se preguntó sobre el modelo social al que aspiran actualmente los países, si es un modelo «basado en el miedo, en la inseguridad, en la confrontación»