El empujón dado hace dos años por el Gobierno aragonés a todos los expedientes retrasados relacionados con la dependencia sigue en proceso de absorción por parte de los servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza. Estos siguen digiriendo como pueden, con los medios humanos disponibles y a la espera de unos refuerzos que no llegan, la tramitación de los denominados Programas Individuales de Atención (PIA), que suma casos nuevos y los que provenían de ejercicios anteriores. Aún así han conseguido que haya solo 193 pendientes de resolución, pese a que, con el mismo personal, se llegaron a tramitar 2.618 expedientes en el el 2018. Y recientemente se ha tomado la decisión de realizar horas extraordinarias para no disparar los tiempos de espera, que es de «unos tres meses de media» solo en el paso por la gestión municipal. El resto del tiempo, es achacable a la propia DGA.

«Tenemos problemas de contratación», admitió ayer la vicealcaldesa y responsable municipal de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Luisa Broto, que en la comisión de control a su gestión fue interpelado sobre este asunto por el grupo municipal de Ciudadanos (Cs). La concejala de Zaragoza en Común (ZeC) explicó que en un contexto de «coordinación absoluta con la DGA», el ritmo de tramitación de expedientes es tan alto que en el pasado ejercicio llegaron 789 casos procedentes del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) que se sumaban a los 1.829 que se arrastraban del 2017 hasta llegar a esos 2.618 analizados por el personal de los centros municipales. Pero que hay un especial compromiso de los trabajadores por ser «un lapso de espera por parte de las familias en un tema de especial sensibilidad».

Aunque no todos los barrios lo están sufriendo por igual. Broto explicó que los principales problemas de sobrecarga de trabajo se localizan, precisamente, en los centros de «Universidad, Casablanca y San José, que coincide con los distritos donde hay más población envejecida». Y aún así, el ritmo de gestión es un continuo que mantiene «193 expedientes pendientes de valoración» para confirmar unos PIA que pueden tardar, perfectamente, unos seis meses desde que se solicita en el IASS que se reconozca el grado de dependencia hasta que se valida definitivamente de nuevo en él tras pasar por los centros municipales de Zaragoza.

Además, solo de los 789 expedientes remitidos por la DGA el año pasado, 414 eran casos nuevos que habían recibido ya una primera valoración del IASS; otros 122 eran de revisiones de casos en los que la dependencia ya estaba reconocida pero la situación podía haber empeorado o simplemente cambiado; 43 eran para modificaciones puntuales como un cambio de domicilio; y otros 210 para realizar informes complementarios.

Contrarrestar el retraso de años anteriores a base de un impulso de la Administración que tiene la competencia está poniendo contra las cuerdas la capacidad de los escasos medios humanos ante semejante aluvión. Y la atención sigue en máximos, con una encomienda que hace que, por ejemplo, el servicio de ayuda a domicilio incorpore a 1.575 dependientes entre los 6.718 usuarios totales (el resto son preventivos) en Zaragoza, o la teleasistencia, a 1.879 entre las 10.129 personas que atiende.