El futuro de la recaudación del impuesto sobre la plusvalía en el Ayuntamiento de Zaragoza, al igual que en el resto de consistorios españoles, es hoy una incógnita. Mientras el Gobierno central no actualice la normativa que lo regula, las administraciones locales toman medidas provisionales como la adoptada esta semana en la aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales para el 2018. La suspensión del cobro de aquellos impuestos en los que se acredite la minusvalía del inmueble en el momento de la transmisión es una novedad relativa, dado que sigue siendo necesario recurrir el cobro o pedir la liquidación a cero. Y eso ha desembocado en un incremento exponencial de recursos. Hasta el punto de que en pocos meses ya se han acumulado «más de 2.000 recursos» que los técnicos del área de Economía ahora tienen que analizar.

Es complicado determinar cuántos de ellos prosperarán, porque también se ha detectado que son muchos los que recurren casi por inercia, aunque en sus circunstancias parezca obvio que el precio del inmueble se ha revalorizado con el paso del tiempo desde que lo adquirió. Es decir, algo tan obvio como que la posibilidad de que una vivienda haya perdido su valor es mayor en aquellas que se adquirieron justo antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria que si está en manos de su propietario desde los años 60 o 70 del siglo pasado. Pues bien, de unos y otros años hay en el largo listado de recursos a analizar. Y, mientras tanto, se suspende el cobro.

Son las consecuencias de una revisión de la normativa que no se ha tocado tras el fallo del Tribunal Constitucional, ya en febrero de este año, en el que sentenciaba que aquellos inmuebles con demostrada minusvalía no deberían abonar este tributo a los ayuntamientos. Un proceso inacabado que lleva, no obstante, a prever unos ingresos más realistas para el año próximo. Y que, como era de esperar, estarán lejos de los 70 millones de ingresos para las arcas municipales, pero no tanto como desde otras instancias se apunta.

EFECTO LLAMADA

Así, el escenario que aventuran los técnicos municipales en Zaragoza dibuja una horquilla de «entre 9 y 10 millones de euros menos» de afección a la recaudación. Eso sí, a base de trabajo de analizar uno a uno cada expediente que les llegue. Porque el fallo del Constitucional y la inacción del Gobierno central solo está consiguiendo un efecto llamada para recurrir. Y la ventanilla a la que dirigirse es la del consistorio.

Zaragoza, en este sentido, podría haber sido más ambiciosa en el plano político y suspender de forma unilateral el cobro hasta que el Ejecutivo central resuelva la nueva regulación. Pero se desecha esta opción por el cumplimiento estricto de la ley (no pueden negarse a cobrar) y porque, aunque no lo digan públicamente, pondría en jaque la que ya es segunda fuente de ingresos de Zaragoza.