Los 292 ayuntamientos de la provincia de Zaragoza llevarán sus desechos al Centro de Tratamiento de Residuos (CTRUZ) de la capital aragonesa a partir del 1 de enero de 2020 para poder cumplir con la Ley de Residuos y Suelos Contaminados que obliga a los municipios a reutilizar o reciclar al menos el 50 por ciento de sus residuos sólidos domésticos y comerciantes.
Así lo ha anunciado el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, en declaraciones a los medios previas al pleno ordinario de la institución en el que se ha aprobado definitivamente el proyecto Ecoprovincia con los votos de todos los grupos menos del PP, que se ha abstenido, y tras estimar en su totalidad 25 de las 34 alegaciones recibidas y aceptar en parte otras 3.
La DPZ asumirá la construcción de las seis plantas de transferencia, presupuestada en 4,4 millones de euros, y los costes de transporte y mantenimiento del servicio, estimados en 1,6 millones de euros anuales, por lo que los ayuntamientos solo tendrán que abonar la tasa que imponga el Consistorio zaragozano por usar el CTRUZ y se ahorrarán lo que pagan ahora por llevar sus basuras al vertedero que usen actualmente.
Finalmente, la institución provincial ha rechazado construir una planta de transferencia en Paracuellos del Jiloca y las próximas semanas sacará a licitación las obras para construir una en La Almunia.
La recogida de las basuras se seguirá haciendo como hasta ahora según el modelo de gestión implantado en cada zona de la provincia.
El Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación Provincial firmaron un convenio el pasado mes de junio para que los municipios de la provincia pudieran llevar sus residuos al vertedero de la capital, sentando las bases de Ecoprovincia.
Además, el pleno de este miércoles ha aprobado por unanimidad el Plan Unificado de Subvenciones 2019/2020 (PLUS), dotado con 50 millones de euros, de los cuales los ayuntamientos recibirán un 15 por ciento al acabar este mes de marzo o a principios de abril.
El presidente de la DPZ se ha comprometido también a que puedan recibir a finales de mayo otro 35 por ciento previsto para septiembre si no hay tensiones de tesorería, de manera que los municipios recibirían 25 millones en menos de dos meses.
Sánchez Quero ha destacado la autonomía que otorga el PLUS a los ayuntamientos pues no se tienen que adaptar a las líneas de subvenciones que decida la Diputación sino que expresan sus necesidades y la institución se amolda.
El 40 por ciento de los fondos finalistas se distribuyen con un fijo igual para todos y el 60 por ciento restante en función de la población.
De esta manera, cada ayuntamiento, independientemente de su población, recibirá 63.000 euros fijos más 12.000 de un plan de concertación para que destinen a lo que cada localidad decida, a lo que hay que sumar unos 93 euros por habitante.
Con estos fondos los ayuntamientos podrán acometer 1.832 actuaciones, la mayor parte relacionadas con la prestación de servicios básicos municipales (pavimentación, alcantarillado, alumbrado, etc.).
