El Ayuntamiento de Zaragoza prepara una ofensiva técnica y legal contra la Cámara de Cuentas de Aragón que podría acabar incluso en los tribunales. No se descarta nada en una respuesta contundente a un informe provisional sobre el presupuesto municipal del 2011 que se considera que tiene errores graves de interpretación que han manchado la imagen de la institución al haberse filtrado a los medios de comunicación sin ni siquiera atender las pertinentes alegaciones o de elevarlo a la categoría de dictamen.
Al margen de la discusión política o del rédito o descrédito que unos y otros partidos puedan obtener con este informe provisional, en el que se acusa al consistorio de ocultar más de 355 millones de euros en la liquidación del ejercicio 2011, la fractura institucional es total y, esta vez sí, parece ser que habrá consecuencias. Ya sea en el Gobierno municipal o en el órgano de fiscalización. Porque los técnicos municipales ultiman su respuesta a las graves acusaciones lanzadas por quienes auditaron las cuentas municipales a quienes las avalaron con su firma.
Y, en algunos casos, incluso contradicen las indicaciones marcadas desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Algo que podría considerarse un error subsanable en el periodo de alegaciones o aclaraciones pero que ya es irreversible por la notoriedad que desde la Cámara de Cuentas se ha querido dar a estas valoraciones preliminares. Y los servicios jurídicos ya trabajan en acudir a los tribunales porque se ha quebrantado un principio tan básico como es la confidencialidad de estos informes. Así que al presunto interés político del Partido Popular señalado por el vicealcalde Fernando Gimeno, ahora se suma el incumplimiento de las normas que rigen la Cámara de Cuentas y la derivada judicial.
RÉPLICA
La discusión política comienza mañana con la celebración de una junta de portavoces en la que se hará entrega de ese informe. Puede que el Gobierno también ponga fecha a la comisión en la que los técnicos explicarán lo ocurrido.
Estos están ultimando la respuesta a todos los aspectos señalados en el informe provisional. En un clima de indignación en el que hacen aflorar, aseguran, errores de bulto en la interpretación que hace la Cámara de Cuentas. Como que sea inapropiado calcular el remanente de tesorería como exigía Hacienda, con la Instrucción de Contabilidad Local, o incluir entre las deudas de dudoso cobro los 23 millones que en 2011 adeudaban otras administraciones (el ministerio obliga a no incluirlos), o que se incluyan los 67,9 millones pendientes de percibir de deudores con antigüedad inferior a un año, o sea, que lo eran desde ese mismo año (eleva lo que debían ser 128 millones a más de 194), o los 51,1 millones de ventas de suelo cuyo pago se había aplazado al 2012. Una disputa entre técnicos que ya forma parte del debate político.
