El Ayuntamiento de Zaragoza ha destacado hoy que la propuesta del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para permitir a los consistorios invertir el superávit logrado en 2017 es "insuficiente".

Ésta es la posición que ha adoptado el Ayuntamiento que dirige Zaragoza En Común (ZeC) de la mano de Pedro Santisteve y que el consejero de Economía y Hacienda, Fernando Rivarés, ha expresado hoy en Madrid con motivo de la cumbre de cargos municipales que se ha celebrado en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Ayer, tras una reunión de Montoro con el presidente de la Federación, el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, el Gobierno avanzó que a través de un decreto-ley facultaría a los ayuntamientos a movilizar el superávit que hubiera acumulado en el ejercicio 2017.

Se trataba de una reivindicación que tanto la FEMP como casi todos los grupos de oposición en el Congreso han venido formulando y planteando con la finalidad de estimular la inversión municipal, una vez la recuperación económica se ha demostrado una realidad.

Montoro, hasta ayer, alegaba que había que no se podía alterar la regla de gasto, según la cual no se permite a los ayuntamientos gastar por encima de la previsión de crecimiento de la economía.

Hoy, los casi 300 alcaldes reunidos en la cumbre local han celebrado el compromiso del Gobierno de permitir la inversión del superávit a escala municipal -más de 5.000 millones en toda España, sólo el año pasado-, pero han advertido de que estarán vigilantes para garantizar su cumplimiento, así que en 20 días se evaluará que el decreto ley esté aprobado.

Durante el cónclave, los gobiernos locales han redactado un listado de actividades en las que quieren invertir. En términos genéricos, se dividen en infraestructuras educativas, sociales, deportivas, culturales, así como en seguridad y protección civil.

Los alcaldes también pretenden que el plazo de ejecución de las obras y proyectos finalice en abril de 2019.

La cumbre local ha contado con los regidores de Madrid, Sevilla, Valladolid, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria y Valencia, al igual que con responsables de los ayuntamientos de Barcelona, Bilbao, Vitoria, Córdoba, Palma de Mallorca, Tarragona y Toledo, además de otros municipios más pequeños, diputaciones y cabildos.

Si los alcaldes del PSOE han hecho piña para valorar el acuerdo y expresar su deseo de "vigilar" que los compromisos se cumplan, los regidores del PP, encabezados por la alcaldesa de Logroño y vicepresidenta de la FEMP, Cuca Gamarra, se han mantenido en la misma línea aunque han instado a seguir mejorando la "estabilidad" de los municipios con el apoyo de los partidos a los presupuestos del Estado.

La posición de Zaragoza va en la misma línea de otras como Cádiz, Santiago de Compostela o A Coruña. Los representantes de estos municipios no comparten "en su totalidad" la propuesta que ayer anunció Montoro.

Según recoge la nota de prensa del consistorio zaragozano, critican que el Ministerio de Hacienda "siga tutelando" a los municipios, por cuanto no habilita, indica, a que las inversiones se puedan llevar a cabo en los ámbitos que libremente elijan los gobiernos de los ayuntamientos.

Zaragoza y las demás ciudades citadas, todas ellas gobernadas por confluencias de fuerzas de izquierdas, han aprovechado la ocasión para exigir "autonomía local" y que ésta se respete. "O los ayuntamientos decidimos qué hacer con el dinero de la gente en beneficio de la gente" o "habrá que seguir pidiendo permiso a Montoro", ha denunciado Rivarés.

Así que para el consejero de Economía del consistorio zaragozano, lo que urge es recuperar la autonomía financiera y "eliminar o cambiar radicalmente la regla de gasto", ya que, como ha puntualizado, supone "una asfixia" a los ayuntamientos.

Por otro lado, ha incidido en que gracias a la "presión" de los "gobiernos del cambio" que rigen los ayuntamientos de las ciudades mencionadas se ha logrado, al menos, que el Departamento de Montoro empiece a tener en cuenta reclamaciones "históricas".

Sin embargo, Rivarés ha recordado que existe un problema pendiente, que es de las plusvalías, y así, ha considerado que no existe por ahora ninguna solución que vaticine "compensación" a los ayuntamientos.