Los vecinos de 82 viviendas VPO de alquiler de las calles Las Armas y Casta Álvarez esperan ansiosos a que la sociedad Zaragoza Vivienda se pronuncie el próximo lunes sobre si les baja o no el precio del arrendamiento y les reduce los costes que, mes a mes, tienen que soportar con los suministros básicos como el gas. En las dos reuniones que se han producido al respecto, en octubre y en diciembre, estos solicitaron una rebaja del 20%, y es posible que este sea el porcentaje que se aminore, pero todo depende de la próxima reunión del consejo de administración de esta sociedad municipal.

Esta decisión dejaría a todos ellos el precio medio a asumir en unos 350 euros mensuales, casi cien menos de lo que ahora están pagando y que para muchos resulta inasumible. No en vano, en torno al 50% de los hogares --hay 82 distribuidos en diez portales distintos-- tienen una renta inferior a 1,5 veces el salario mínimo interprofesional y en pisos particulares del entorno, el coste para el inquilino llega a ser inferior que en estas viviendas públicas.

"Algún gesto se va a hacer, pero aún no sabemos a cuánto va a ascender la rebaja". Así respondió ayer a este diario el responsable municipal al frente del consejo de administración, Jerónimo Blasco, quien confirmó que este asunto se someterá a votación el próximo lunes.

Los vecinos destacaron la necesidad de "buscar una solución inmediata" que ya no se aplicará en los plazos que les prometieron en octubre. "Estaba previsto que se hiciera en enero pero nos dijeron que como el presupuesto se aprobaría más tarde de diciembre tendríamos que esperar también a que se aprobaran sus cuentas para este año", explicaron desde la asociación de vecinos Lanuza-Casco Viejo. "Será, como mínimo, en febrero", confiaron.

El problema para estas comunidades de vecinos es que los costes que asumen está disparando la morosidad, tanto en el pago del arriendo como de los suministros esenciales, y "ya ronda el 15%" de lo que deberían pagar. Por eso piden medidas, también en los recibos del gas.

En este caso, explicaron, cada vivienda tiene que pagar cada dos meses una cantidad fija y otra variable que excede lo que efectivamente gastan en el consumo. La explicación es que, los 30 o 40 euros que pagan, abonando esta cantidad se evitan un incremento espectacular de la factura en los meses de invierno. Así, ahora lo que se hace es compensar a final de año en función del consumo efectivo que se realiza. Ahora lo que piden los propios inquilinos es que se reduzca la cuantía fija, para hacer más asequible el precio para los bolsillos en el mes a mes. El problema es que de las medidas se beneficiarán esas rentas bajas y las "cuatro viviendas" que tienen 40.000 euros anuales.