El Ayuntamiento de Zaragoza quiere dar una salida al edificio de Las Fuentes que iba a albergar 80 viviendas tuteladas con servicios comunes, cuya construcción lleva meses parada. El consejo de administración de la sociedad Zaragoza Vivienda someterá mañana a votación una propuesta de finalización del contrato con la empresa responsable de las obras, Dragados, que abandonó las obras alegando que era imposible ejecutarlas en los términos pactados. El expediente, también incluye la proposición de facultar al gerente de la sociedad, Nardo Torguet, para negociar con la contratista una indemnización que evite que este asunto acabe judicializado, ya que retrasaría todavía más la licitación que ya se está preparando para poder retomar los trabajos.

Las obras, adjudicadas a Dragados por 5,3 millones (IVA no incluido) en septiembre del 2017, tendrían que haber finalizado el 4 de julio del 2019. Sin embargo, solo se han ejecutado el 22,61% de los trabajos.

En su día, Dragados solicitó una modificación del contrato y la suspensión temporal de la obra, algo que fue desestimado por el consejo de administración, que impuso a la contratista sendas sanciones por el incumplimiento parcial del contrato, con «retrasos injustificados».

Con un informe jurídico como base, en la resolución del contrato propuesta por el gerente de la sociedad y que se somete a votación, se propone incautar las garantías prestadas por Dragados, que responden a un aval bancario de 269.750 euros y las retenciones del 5% sobre las certificaciones de obra por 63.560 euros; iniciar del procedimiento por cuantificación de los daños y perjuicios causados, que podrían ascender a 1,1 millones; aprobar la certificación de la obra e imponer una penalidad de 96.000 euros por el retraso final injustificado.

En todo momento se trabaja bajo el condicionante de que la resolución contractual con Dragados está originada por el «incumplimiento culpable» de la contratista, al haber «incurrido en un retraso injustificado e irrecuperable» respecto al plan de obra previsto. El expediente se eleva al consejo de administración ahora que ya cuenta con el aval del Consejo Consultivo de Aragón que, por otra parte, no se pronuncia sobre las cuestiones de fondo planteadas al entender que se trata de un contrato privado.

Tras confirmar que, aunque no cabe la posibilidad de una resolución del contrato por mutuo acuerdo, para evitar un pleito con Dragados solo existe la opción de que se alcance un «acuerdo en cuanto a la cantidad indemnizatoria». Por ello, el consejo de administración someterá a votación la opción de finalizar el contrato y la de facultar a la sociedad para intentar alcanzar un acuerdo transaccional que evite posibles acciones judiciales.