Una zaragozana se cuenta entre los cientos de españoles que han denunciado las prácticas del prestamista madrileño Antonio Arroyo Arroyo, que les concedió créditos a un aparente bajo interés pero que incluían opciones de compra sobre sus viviendas a un precio irrisorio. Los denunciantes, que hasta ahora no han obtenido ninguna condena, sostienen que cuenta con una amplia red de intermediarios y con la connivencia de notarios. De hecho, la zaragozana ha denunciado tanto a Arroyo como a la fedataria en cuya notaría firmó los documentos. Aunque estos tuviesen poco que ver con lo que le contaron.

El caso de la aragonesa es paradigmático en el método, aunque ella no estaba pasando apuros económicos como muchas otras víctimas. Sí necesitaba 4.000 euros para unos gastos, y en el teletexto vio un anuncio de una empresa crediticia. Y llamó.

Tras algunos trámites, la citaron de urgencia en una notaría de Madrid para firmar, informándole de que el préstamo debía de ser de 7.000 euros, a lo que ella accedió.

Ya en la capital, y tras más de tres horas de espera --algo también común en estos casos, quizá para minar por cansancio la atención de los afectados--, le hicieron pasar a ver a la notaria, ahora denunciada, J. S. L., que estaba acompañada por el empleado de la financiera y por Antonio Arroyo. Él sería quien le concediera el préstamo.

CONDICIONES

Según le explicaron, podía no devolver el dinero en seis meses --en diciembre del 2011--, a partir de los cuales acordarían las cuotas y condiciones. En la mesa había una gran cantidad de dinero en efectivo, pero la hicieron salir de la sala, para "terminar de redactar" algo, y cuando entró ya no había dinero ni documentos. A ella le hicieron firmar varios papeles, que entendió que se correspondían con lo hablado. Y con esa confianza los rubricó y se los llevó, junto a un cheque de 5.000 euros.

Pero no le ingresaron los otros 2.000, le hicieron pagar otros mil, y cuando fue a reclamar, en la notaría le dijeron que allí no había firmado nada. Luego, sus interlocutores tenían el teléfono apagado. Fue entonces cuando leyó lo que había firmado, y descubrió que el crédito era en realidad de 16.000 euros, aunque ella solo tuviera 4.000. Indicaba asimismo que si no pagaba en plazo los intereses de demora ascenderían al 29%.

Pero además, el prestamista se reservaba una opción de compra por la mitad de su vivienda en el barrio de La Almozara, tasada "de mutuo acuerdo" --algo que niega-- en 22.000 euros, mucho menor al real. La opción de compra, a favor de una sociedad cuyo administrador único es Arroyo, ha sido ejecutada, aunque se mantiene en suspenso por la denuncia por estafa, interpuesta por el letrado zaragozano Carlos Vela. El abogado maneja varios casos del norte de España prácticamente calcados, parte de los más de cien que gestiona el letrado madrileño Carlos Galán. Hasta ahora no han prosperado porque la única prueba física son los papeles, y estos en su mayoría están correctamente firmados. La estafa es jurídicamente difícil de demostrar.

La esperanza de los afectados, tanto por Arroyo como por otros financistas privados --agrupados estos en la asociación Adevif--, es que las demandas conjuntas conduzcan a los jueces apreciar la existencia de un modus operandi y una trama organizada.