La Europol creó hace dos meses un grupo operativo, la Fuerza de Acción Conjunta contra el Cibercrimen (J-CAT, por sus siglas en inglés), para mejorar la coordinación de investigaciones internacionales. Entre su quincena de integrantes hay dos españoles, un comandante de la Guardia Civil y un inspector del Cuerpo Nacional de Policía. Y este es un zaragozano, Ignacio Sanjuán.

El inspector recaló en su tierra natal hace siete años, los que llevaba al frente del grupo de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón. En este tiempo se había hecho un buen currículum, incluídas algunas investigaciones internacionales. Esto hizo que su perfil, con experiencia, solvente y con conocimiento de idiomas, decidiese a Madrid a proponerle como representante del cuerpo en el nuevo gupo europeo. "Me llamaron y, la verdad, no me lo pensé. Estas cosas solo pasan una vez en la vida", aseguraba Sanjuán, desde su nuevo despacho en La Haya.

Allí se ha tenido que trasladar, al cuartel general de la Europol, para trabajar codo con codo con el resto de enlaces que componen el grupo. En él se han integrado siete países europeos --Austria, Alemania, España, Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido--, además de Estados Unidos (con el FBI y el departamento de Aduanas), Australia, Colombia y Canadá. El J-CAT es hijo del Centro Europeo de Cibercrimen (EC3) de Europol, pero a diferencia de este, su papel no es diseñar estrategias o analizar tendencias sino participar en operaciones concretas.

Esto, según explica Sanjuán, funciona de forma bidireccional. "Si vemos que hay una operación en marcha en algún país con ramificaciones internacionales, podemos valorar asumirla nosotros. Pero también podemos poner en marcha investigaciones y coordinarlas con los países donde localicemos a los sospechosos", explica.

Él, que ha sufrido la burocracia internacional --con comisiones rogatorias para pedir cualquier dato--, valora la importancia de trabajar "puerta con puerta" con los representantes de otros países. Y también los medios, con presupuesto de la UE.

El grupo se encarga de los tres apartados más preocupantes del cibercrimen: los ciberataques a entidades o gobiernos; el fraude bancario y la pornografía infantil. En este último apartado es fácil entender la importancia de la coordinación: no solo se trata de detener a los que comparten archivos, sino de identificar a las víctimas y abusadores que aparecen en las imágenes, y que rara vez son del mismo país en el que se localizan los archivos. "Nosotros podemos analizar los vídeos para que la investigación no muera en los arrestos", confía Sanjuán.

El J-CAT nació oficialmente el pasado 1 de septiembre, y en este tiempo ya ha participado en una gran operación contra la delincuencia económica, desarrollada entre Bulgaria y España. Se trataba de una banda que trucaba cajeros para obtener copias de tarjetas de crédito, que luego utilizaban en terceros países para sacar grandes cantidades de dinero. Detuvieron a 31 personas en Málaga, Sofía, Burgas y Silistra.