El informe de fiscalización realizado por la Cámara de Cuentas de Aragón sobre la sociedad municipal Ecociudad Zaragoza ha desmontado todas las alertas que en su día se trasladaron desde el ayuntamiento de la capital con el inicio del cobro del Impuesto de la contaminación de las aguas (ICA). Su estudio sobre la contabilidad de esta entidad pública, conocido hoy, ha concluido que el recibo medio en la ciudad por el ciclo integral del agua, que incluye abastecimiento, saneamiento y depuración es un 8,2% inferior a la media que registran las 13 localidades aragonesas con más de 10.000 habitantes. Una familia de cuatro miembros en el 2017 pudo afrontar una carga fiscal completa de 223 euros anuales mientras el promedio en la comunidad estaba en 243. No solo no duplicó el coste del saneamiento, sino que es, tras Cuarte de Huerca (197 euros anuales) y Monzón (217), la tercera con la contribución más barata por estos servicios.

La Cámara de Cuentas incluye entre sus conclusiones un análisis exhaustivo de lo que han sido las cuentas de Ecociudad en el periodo del 2012 al 2017, en una sociedad municipal que empezó a funcionar en enero del 2013, es decir, los ingresos y gastos por el saneamiento, que es el servicio que el ayuntamiento presta a través de ella, antes y después de su creación. Y también antes y después de cobrar el ICA a los zaragozanos. Y en lo que respecta al coste global para los hogares, solo en lo que respecta al saneamiento, después de girar el recibo del impuesto autonómico, el global asciende a 144 euros al año para este hogar tipo de cuatro miembros, cuando el promedio en Aragón se sitúa en 150. Son seis euros más baratos, con el ICA incluido.

Respecto a las cuentas de Ecociudad, la principal conclusión de este informe de fiscalización es que la sociedad municipal en este periodo de tiempo ha ingresado "2,5 millones de euros" más de los que finalmente ha gastado. Un excedente o beneficios que insta a reinvertir a través de "un fondo de reserva para acometer las inversiones necesarias en las infraestructuras a la vista de su obsolescencia". Un destino para ese superávit al que el consistorio "no está obligado" pero que, por otra parte, cobra relevancia ahora, en pleno proceso de reforma del impuesto en el seno de la DGA y con Zaragoza exigiendo un retorno económico de parte de los que la comunidad recauda con este tributo en la ciudad.

La Cámara de Cuentasexplica en su auditoría de las cuentas de Ecociudad que durante este periodo analizado el ayuntamiento tuvo que asumir "gastos extraordinarios" por valor de "10 millones de euros" correspondientes a los compromisos adquiridos con el Instituto Aragonés del Agua (IAA) mientras no se girara el recibo en Zaragoza y que ahora, que ya se está pagando, ya no tendrá que abonar. Y reduce la factura anual de unos gastos que, año tras año, rondan los 28 millones de euros para el consistorio. Es decir, más beneficios.

Y también añade que esta reducción se produce mientras los ingresos son idénticos a los que se percibían antes de que se creara Ecociudad. La congelación de la tasa del saneamiento genera una recaudación estable al consistorio y, a la vista de los datos, más que suficiente para lo que necesita. En torno a los 29 millones, asegura, uno más de los que gasta cada ejercicio. Por tanto, concluye la Cámara de Cuentas que esos 2,5 millones de beneficios contabilizados irán a más en los próximos años. Y que de esta dinámica también se ha visto beneficiado el consistorio. La sociedad firmó el compromiso de pagar durante 61 años por la explotación de la red de alcantarillado y tres depuradoras, bienes valorados en 386,8 millones de euros, que fueron cedidas en su día por el ayuntamiento. Y lo hace, destaca el informe, a un precio "muy superior a su coste de construcción o adquisición". Un beneficio "extraordinario" que admite que no ha podido cuantificar "al no estar correctamente reflejados en la contabilidad municipal".

Por último, este informe de fiscalización hace un análisis muy destacado de lo que ha supuesto la construcción de la depuradora con medios propios. Zaragoza se costeó su construcción y eso se ha traducido en el recibo abonado por un hogar medio en este periodo de amortización, entre 1993 y el 2017, un total de 1.686 euros por el servicio de saneamiento y depuración, esto es "un 8,8% menos de lo que han pagado de media los municipios analizados solo por el ICA pese a que comenzaron a depurar sus aguas bastante después de que lo hiciera la capital aragonesa". Mientras tanto, el contrato para la construcción y explotación con la empresa Utedeza se modificó y eso ha supuesto que la contratista "ha obtenido un beneficio adicional de casi tres millones de euros" por no cumplirse el escenario previsto en las condiciones económico-financieras establecidas en el inicio del contrato.