La comisión de investigación de Ecociudad se ha convertido en una auténtica pugna política. Zaragoza en Común (ZeC), en absoluta minoría, presentó ayer un voto particular al dictamen aprobado por PP, PSOE, C’s y CHA cuestionando la credibilidad del mismo al afirmar que el proceso se ha convertido en una «caza de brujas política».

Según la formación, las conclusiones esgrimidas buscan crear un «contexto fáctico» que permita la presentación de acciones judiciales. Según su argumentación, el letrado asesor, José Antonio Sanz, ya declaró que el procedimiento de información reservada había sido correcto.

«Es lógico es que no se hable con las personas a las que va dirigida esa información», declaró durante su comparecencia. ZeC también alega en su voto particular que Sanz confirmó que la negociación con DRACE se hizo «bajo la estricta legalidad» y como una «administración leal». Añaden que descartó que existaresponsabilidad patrimonial, como reclama la oposición en bloque al presidente y vicepresidente de la sociedad, Pedro Santisteve, Teresa Artigas, y a Pablo Muñoz.

Por otro lado, desde la formación aseguran que no existen pruebas documentales o testificales que acrediten las conclusiones aprobadas por la oposición: «No se justifican ni en la prolija prueba documental aportada ni en las más de 35 horas de comparecencias, sino que son meras conjeturas, prejuicios y afirmaciones no demostradas», alegan. Además, aseguran que las formaciones las habían pactado y negociado previamente.

Por último, insisten en que la investigación no se ha adecuado al objeto de la comisión ya que tan solo se ha investigado la gestión durante el mandato de ZeC cuando se circunscribía a dos mandatos puesto que se refería a hechos que se habían originado durante el mandato del socialista Juan Alberto Belloch.