Zaragoza en Común (ZeC) está en un callejón sin salida después de que su gestión en la sociedad Ecociudad haya quedado en entredicho. La oposición en bloque ha aprobado un dictamen que concluye que el equipo de Gobierno de Pedro Santisteve actuó con «mala fe», de «forma autónoma», «sin lealtad» al consejo de administración de la sociedad y con unos intereses concretos que tenían como objetivo último iniciar el proceso de la municipalización de la gestión y depuración de las aguas.

El dictamen, que recoge más de 50 puntos -solo dos de ZeC-, ataca directamente a las maniobras iniciadas por el alcalde para acabar denunciando ante la Fiscalía un presunto delito. La jueza archivó finalmente la causa. Ya durante las comparecencias quedó claro que Santisteve acudió a la Fiscalía para denunciar la modificación de unas obras a pesar de existir un informe del jefe del departamento de Infraestructuras, José Ramón Entralgo, en el que constataba que se habían hecho correctamente. Este documento no fue proporcionado el consejo de administración en ningún momento y fue durante la comparecencia del gerente de Ecociudad, Miguel Ángel Portero, cuando se supo de su existencia.

PP, PSOE, C’s y CHA consideran que el marco del procedimiento judicial «se sustentaba en un montaje documental y testifical destinado a construir una apariencia de delito para unos hechos que, en caso de haberse respetado el derecho de los acusados al derecho de defensa, se habrían demostrado legales y lejos de cualquier sospecha». Argumentan que, en ningún momento, la instructora de la información reservada, María José Benito, llamó a declarar a Portero o a los técnicos de la sociedad, algo que, a su juicio, pretendía «sesgar» el resultado, según las conclusiones. En este sentido, ponen de manifiesto su dudoso ascenso profesional -ahora es jefa de departamento- tras su papel en la instrucción.

Por otro lado, los grupos concluyen que, con la intención de ZeC de internalizar el servicio, se produjo un retraso «deliberado y consciente» por parte del presidente de la sociedad, Santisteve, y su vicepresidenta, Teresa Artigas, de la aprobación de los pliegos, un hecho que «podría tener consecuencias económicas».

CONSECUENCIAS / En este sentido, la oposición aprobó ayer que el letrado asesor analice las responsabilidades patrimoniales que pudieran derivarse del proceso, «exclusivamente» achacables a Santisteve, Artigas y Muñoz como responsables del Gobierno.

Como novedad, se acordó solicitar un informe al asesor jurídico que analice las consecuencias existentes que pudieran tener las conclusiones recogidas en el texto. Los grupos municipales también dieron luz verde a la propuesta que PP, PSOE y C’s presentaron para solicitar la renuncia de Santisteve, Artigas y Muñoz de sus cargos, quienes anunciaron el martes -un día antes de conocerse el dictamen- que ponían sus puestos a disposición de la oposición, algo muy criticado por los grupos, que consideran que esta «bomba de humo» deben anunciarla en el seno del consejo de administración.

Artigas explicó que entre las conclusiones se afirma que el servicio «ha perdido eficacia» desde su privatización. Algo que, a su juicio, es «sorprendente» ya que en paralelo se está impidiendo su municipalización.