El Gobierno de Zaragoza ha aprobado hoy un programa específico de mediación pública para casos de ocupación de viviendas propiedad de entidades bancarias y grandes inmobiliarias, en ningún caso de particulares, con el fin de evitar la "criminalización injusta" de estas personas.
Ante una situación de "cronificación" de la exclusión social y con más bolsas de población que no pueden acceder a la vivienda de manera normalizada, agudizada por la "burbuja del alquiler", el concejal de Vivienda, Pablo Híjar, ha recalcado que las administraciones no pueden mirar hacia otro lado.
En este sentido, ha insistido en que el programa va más allá de la mera mediación, que incluirá a distintos servicios municipales y que espera que se sumen otras instituciones para una coordinación más efectiva y un trabajo más general.
Híjar ha subrayado que la ocupación "no es una elección", sino una situación vital que muchas familias tienen que tomar y, por tanto, ha defendido que tengan un trato "normalizado" que evite la "criminalización" de estas personas.
El programa, que entrará en vigor a lo largo de este año cuando estén elaborados todos los protocolos que afectan a los diferentes servicios municipales, tiene como objetivo conseguir contratos de regularización u otro tipo de soluciones habitacionales para estas familias.
Asimismo, ha abogado por que estas familias no queden excluidas de las prestaciones sociales, ya que es "la pescadilla que se muerde la cola" y así se rompería el "círculo vicioso" de pobreza y exclusión residencial.
Hasta el momento, el programa de mediación en casos de impago de arrendamiento de la Oficina Municipal de Vivienda ya admitía de forma excepcional la mediación en procesos de desahucio a precario o por ocupación de vivienda, por lo que la novedad radica en acabar con esa excepcionalidad, después de que el número de expedientes abiertos aconsejara un nuevo marco de actuación.
