«Je suis Cubero. Todos nos sentimos Alberto Cubero en estos momentos». Con estas palabras mostraron ayer su apoyo al concejal de Zaragoza en Común (ZeC) la vicealcaldesa Luisa Broto y el portavoz del Gobierno municipal, Fernando Rivarés. Se referían al embargo ordenado por el juez que instruye la causa que investiga el accidente ocurrido en las pasadas fiestas del Pilar en la carpa de la cerveza, donde se desprendió una viga causando heridas de gravedad a una mujer. Por valor de 100.000 euros para él y para su jefe de servicio, Enrique Asensio, una decisión que ambos remarcaron que «ha creado gran estupor» en el Gobierno.

Rivarés defendió además que este embargo «tendrá consecuencias muy serias» a la hora de conceder permisos para instalaciones similares, hinchables o cualquier otra. «Los funcionarios se lo van a pensar tres y cuatro veces antes de firmar autorizaciones», señaló Rivarés, quien destacó que esta afección incluye también a otros municipios de la comunidad autónoma, más pequeños y con más dificultades que Zaragoza. «¿Qué pasará en las próximas fiestas de San Lorenzo - de Huesca-, o en las del Pilar?», se preguntó el edil.

«Es la primera vez en este país que ocurre algo así. Todos los informes técnicos eran favorables, los de la empresa y los del ayuntamiento, y el concejal tenía la obligación de decir que sí a su autorización. Jamás había habido una petición tan bárbara sobre el patrimonio de un edil», remarcó Rivarés, quien añadió que Cubero había actuado «con elegancia y brillantez» al respecto.

Junto a él, Luisa Broto puso el acento en lo que considera una «barbaridad» que es reclamar por parte del juez mucho más dinero que el que se propone para indemnizar a la víctima del accidente en el caso de obtener una sentencia favorable. Son 250.000 euros lo que se reclama y el juez lleva consignados 1,4 millones de euros de todos los que se encuentran investigados.