El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC), después del intenso debate a nivel interno de las enmiendas recibidas al presupuesto y 24 horas de silencio tras la primera reunión con PSOE y CHA para abordarlas, ayer salió a la palestra para advertirles a ambos que acuerdo sí, pero no a toda costa. El responsable de las finanzas municipales, Fernando Rivarés, y el portavoz del grupo municipal y titular de Urbanismo, Pablo Muñoz, advirtieron de que solo se aceptarán las propuestas «ejecutables, pragmáticas y realistas» para un documento a tres en el que, a su juicio, no caben ni vetos a proyectos del Gobierno, ni hacerlos «inviables» por la vía de dejar a cero sus partidas.
Claramente a la defensiva, el temor al «bloqueo» a la acción del Gobierno de la ciudad existe y persiste en este primer análisis de ZeC que, apostilló, dejará en manos de su plenario --asamblea de simpatizantes-- la decisión final sobre el mismo. Una determinación en la que tendrá mucho peso lo que suceda en la Comisión de Economía donde se votan las cuentas, el próximo día 25. Porque de ella debe salir «un pacto en el que todo el mundo se vea reflejado», pero llegando a pactos «leales en la definición y en la ejecución». Y pusieron un ejemplo claro: la rehabilitación de Pontoneros, con partida en el 2016 que no se pudo gastar por el voto en contra socialista. Ahora se quiere llegar a un pacto «público» antes de la comisión, para no ir «a tumba abierta». Y para ello hay asperezas que limar.
AVERLY Y TENOR FLETA
«Algunas de sus enmiendas no las hemos entendido», admitió Muñoz, quien también añadió que «la mayoría respeta lo de no hacer inviables proyectos de ZeC». Otras no, claramente. Y citó como ejemplos el caso de la ampliación del Bizi, la remodelación de los viejos depósitos de Pignatelli u otras partidas pequeñas, como la dedicada a edificios de usos temporales, que el PSOE exige en sus enmiendas dejar a cero. Si decaen, se retrasa la acción del Gobierno y el acuerdo así es más complicado, destacaron ambos ediles.
También lo es incluir propuestas de difícil ejecución. Muñoz citó dos: el millón de euros que pide CHA para el plan para Averly, «cuando hay informes técnicos que nos dicen que no estará en manos del ayuntamiento hasta el 2018», aunque admitió que «eso no quiere decir que no se pueda trabajar en un plan director», pero con una cuantía mucho menor; y los 1,7 millones que pide el PSOE para la prolongación de Tenor Fleta «cuando desde el 2011 hay una pretensión de Adif, que es quien debe autorizar asfaltar el cajón de vías».
